Reforma a la Ley de Amparo apunta a su desnaturalización

El abogado Manuel Iris explicó que esto marca un retroceso frente al principio de justicia universal, que tradicionalmente garantizaba el alcance colectivo de las resoluciones judiciales.

Argelia Yanes

En entrevista con el abogado Manuel Iris Balam, este compartió que en el contexto actual, la Ley de Amparo atraviesa una reforma que ha generado debate entre los juristas y especialistas en derecho constitucional, que la consideran un retroceso histórico.

El motivo central de la controversia radica en los cambios al alcance y naturaleza del juicio de amparo, agregó.

Recordó que desde su origen, el amparo ha pasado por diversas modificaciones, pero la más reciente apunta a su desnaturalización y debilitamiento como instrumento de defensa ciudadana.

Iris Balam dijo que entre los aspectos más discutidos se encuentra la restricción de la suspensión de actos de autoridad en materia fiscal, lo que implica que, ante un embargo o congelamiento de cuentas, el ciudadano ya no podrá obtener una suspensión inmediata. Esto afecta tanto a empresas como a trabajadores, pues se limita la posibilidad de detener actos que pueden perjudicar su estabilidad económica antes de que se resuelva el fondo del asunto.

Otro elemento polémico es el relacionado con la retroactividad de la ley. Aunque la Constitución prohíbe su aplicación en perjuicio de persona alguna, sí permite que opere en beneficio del ciudadano.

En este sentido, la reforma contempla la posibilidad de aplicar las modificaciones de forma retroactiva cuando resulten favorables al promovente, lo que es coherente con principios ya existentes en el derecho penal y civil.

Iris Balam señaló que otro punto crítico es la eliminación de la figura del amparo de efectos generales, lo que significa que, aunque una ley sea declarada inconstitucional, su invalidez aplicará únicamente al promovente del amparo y no al resto de los ciudadanos.

Esto marca un retroceso frente al principio de justicia universal, que tradicionalmente garantizaba el alcance colectivo de las resoluciones judiciales.

La reforma también propone acelerar los tiempos de resolución.

Se plantea que los juicios de amparo concluyan en un máximo de 90 días, un plazo que para muchos resulta impracticable ante la carga de trabajo que enfrentan los tribunales federales.

De implementarse, podría derivar en resoluciones apresuradas y sin el debido análisis jurídico, lo que afectaría la calidad de las decisiones judiciales.