Por Virgilio Soberanis Rodríguez

MORENA TIENE TODO EL PODER; ¿QUE 
PODEMOS ESPERAR LOS MEXICANOS?

Para nuestro distinguido colaborador semanal, el analista político Jorge Javier Romero Vadillo, en una semana el Congreso de la Unión consumó un zarpazo legislativo sin precedentes al aprobar en fast track 17 reformas para consolidar un Estado al cual llama de “vigilancia masiva”, que se caracterizará por el control de la ciudadanía y la supremacía militar, con un paquete completo que incluye la CURP biométrica, la Ley de inteligencia castrense, la mutilación de la Ley de Protección de Datos, la creación de una plataforma única de identidad, la entrega de todas las bases de datos -públicas y privadas- a las Fuerzas Armadas y la validación legal del padrón de celulares.

Todo esto que se antoja inverosímil y que nadie pensaría hace 10 años que ocurriría, quedó bajo control directo de la Guardia Nacional y de la Defensa, lo cual señala Jorge Javier, ahora operan con carta blanca. Todas las instituciones policiacas, muchas de ellas bajo control de la delincuencia organizada, especialmente las policías municipales, tendrán acceso irrestricto a la vida íntima de los ciudadanos, sin necesidad de orden judicial ni pudor constitucional.

Esto nos está conduciendo a un Estado policial o a la conformación del Gran Hermano, tal como lo imaginó en su futurista obra -para su época- llamada “1984”, el autor inglés George Orwell, quien describió un país ficticio llamado Oceanía, donde el Gobierno controlaba absolutamente todo, es decir un régimen absolutamente totalitario.

Pero no acaban ahí las malas noticias para la incipiente democracia mexicana, pues además de la desaparición técnica de los últimos organismos autónomos, el Ifetel, la Cofece y el Coneval, que ahora serán solo apéndice administrativos, con el pretexto de los ahorros presupuestarios, aunque se derrochen billones de pesos en organismos ineficaces como PEMEX y la Comisión  Federal de Electricidad, así como en el pago de los llamados programas sociales, diseñados para cooptar votos, presentes y futuros.

Resulta que la presidenta Sheinbaum ya anunció su intención de realizar una contrarreforma electoral que devolvería a nuestro país a los años 60 o 70 del siglo pasado, cuando el Gobierno organizaba la elección, contaba los votos, decretada ganadores y perdedores y si las cosas no salían bien, se caía el sistema.

Sería, como señala nuestro paisano y amigo Jorge Javier, una vuelta al régimen de partido dominante, con elecciones coreografiadas, disidencia acotada y representación disciplinada, como ocurrió en la farsa llamada elección judicial, destacando que el nuevo orden aspira a reinstaurar la paz autoritaria (ayer el PRI, hoy Morena) bajo ropajes de democracia popular.

Todo ello está llevando a una gran concentración del poder, como en los viejos tiempos del priato, en manos de la presidenta del país, que en estos momentos enfrenta una severa crisis política con el vecino del Norte, que un día si y al otro también le propina fuertes golpes a la línea de flotación del Gobierno de la Nación y se vislumbran tiempos peores, puesto que los narcos que hoy están en prisiones norteamericanas, esta semana que inicia van a concentrar todos los reflectores al rendir sus declaraciones ante las autoridades de justicia norteamericanas.

Además, señala Romero Vadillo y con él coinciden la gran mayoría de los comentaristas políticos de la capital del país, cada día aparecen señales amenazantes de que también quieren acabar, desde el Gobierno, con las críticas y la opinión disidente, para dar paso a una autocracia que ampara a todos los prófugos de la productividad, la competencia, la capacidad de innovación, sin que quede claro a donde pretender llevar al país.

En nombre del pueblo, destaca, se ha reinstaurado el control vertical; en nombre de la justicia, se ha institucionalizado la excepción permanente; en nombre del bienestar, se ha perpetuado la dependencia y así el nuevo régimen se muestra descarnado, ya que no vino a democratizar al Estado, sino a capturarlo de nuevo, esta vez con más disciplina militar, más vigilancia digital y menos pudor.

Y para confirmar el punto de vista de nuestro colaborador, apenas antier la mandataria nacional dijo en su Mañanera que los periodistas pueden criticar, pero no mentir (eso solo los partidos políticos y el expresidente López Obrador).

Los periodistas, dijo doña Claudia, tienen “toda la libertad de criticar al Gobierno”, pero no pueden “decir mentiras”, porque “va contra el derecho a la información” y por ello habrá un “ombudsman de derecho de las audiencias” (un censor, pues, un comisario político staliniano), que definirá como en la Alemania nazi, si “se violó el derecho a la información o no”.

En su conferencia matutina, la mandataria se lanzó contra “los comentócratas”, quienes más que criticar, dijo, mienten sobre el paquete de leyes aprobadas en el Congreso de la Unión, las cuales pidió no llamar “ley espía”, sino “ley de seguridad y apoyo a la población”. Por tercer día consecutivo insistió en que no son leyes para espiar, censurar ni geolocalizar a los ciudadanos mediante sus celulares en tiempo real.

De acuerdo a la presidenta Sheinbaum, las críticas a su Gobierno son “un tema político” por lo que no importa el contenido de la ley”, ya que “hay algunos personajes que todo hacen en contra nuestra” y dicen mentiras.

Para ella, las nuevas leyes garantizan “el derecho del pueblo a la información”.

Aseguró que “todo periodista y editorialista tiene la libertad de criticar al gobierno. Aquí no hay censura, ninguna censura. Tienen toda la libertad. Si no, pueden ver 99.9 por ciento de los medios de comunicación, a lo mejor el 99 por ciento, es una crítica permanente al Gobierno, pues hay total libertad de crítica al Gobierno de México, de crítica a la presidenta.

Solo les pidió a los medios que no mientan, pues se pueden tener diferencias, pero decir mentiras va contra el derecho a la información. ¿Lo vamos a prohibir?, se preguntó y se respondió: No. Para garantizar la capacidad tiene la ciudadanía el derecho a la información, va a tener un ombudsman del derecho de las audiencias, que va a definir si en efecto se violó el derecho a la información o no”, un censor pues, designado por el Gobierno.

SIGUEN LOS ENREDOS EN LA 
ELECCION DEL PODER JUDICIAL

Pues como señalábamos en la columna anterior, todavía siguen las inconformidades por la elección del primero de junio, aun cuando este jueves pasado el Instituto Nacional Electoral entregó las constancias de mayoría a las candidaturas que obtuvieron el mayor número de votos, por el principio de paridad de género y que ocuparán los 438 cargos de magistrados de Tribunales de Circuito y 363 de jueces de Distrito.

Antes, el 15 de junio, el INE declaró la validez de la elección judicial y entregó las constancias de mayoría de votos a los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Un día después entregó su documentación a los cinco integrantes del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial (el nuevo Santo Oficio judicial, que sustituye al Consejo de la Judicatura e integrado por puros militantes o simpatizantes morenistas); a los dos nuevos miembros de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a los 15 de las cinco Salas Regionales del TEPJF, todos ellos también palomeados por el partido guinda.

Pues bien, el pleno del Tribunal Electoral confirmó el acuerdo del INE que desestimó el conteo de los votos para los cargos de la Corte, solicitado por los aspirantes Dora Alicia Martínez Valero, Melissa Peláez Badilla y Yajaira Arellano Morales, pero abrió la posibilidad de que el conteo sea realizado por el Tribunal Electoral “cuando haya petición ante la autoridad judicial y esta la orden dentro de un juicio”.

Ello se ve como una manera de tratar de justificar los hechos ya consumados, porque no especifican que autoridad judicial ordenaría el recuento, si la Corte que concluye labores en agosto o la nueva, que está siendo impugnada.

Así lo vio el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, quien dijo que la resolución del Tribunal era contradictoria, ya que el artículo 311 de la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales, establece que el recuento de la votación en un distrito procede cuando la cantidad de votos nulos sea mayor que la diferencia entre el primer y segundo lugar.

Y en abierta crítica al INE señaló que estimaba que el Instituto Nacional Electoral si tiene facultades para realizar el recuento, bajo ciertos supuestos; además consideró que en este caso se actualizaba uno de esos supuestos, por lo cual debió haberlo ordenado.

En general el pleno del TEPJF se dedicó a desbrozar el camino al nuevo Poder Judicial Federal, tal como ha venido haciendo desde la elección presidencial del año pasado y desechó 50 juicios de inconformidad en contra del proceso y los resultados de la elección del Poder Judicial.

Entre ellas dos quejas en contra de los acuerdos del INE para emitir la sumatoria y declaratoria de validez de los ministros elegidos para la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

También se desechó la queja para impugnar los acuerdos del Consejo General del INE por lo que se emite la sumatoria nacional de la elección de magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, así como la declaración de validez de la elección y las constancias de mayoría entregadas a Celia Maya García, Eva Verónica de Gyves Zárate, Bernardo Bátiz Vázquez, Indira Isabel García Pérez y Rufino León Tovar.

A ver con qué galimatías nos salen la semana que inicia.

MAS EXFUNCIONARIOS METIDOS 
EN SERIOS PROBLEMAS LEGALES

Pues el exdirector general de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche (CAPAE), Sergio “R” y/o S.R.B.C. fue vinculado a proceso durante la audiencia virtual que se llevó a cabo el pasado lunes 30 de junio.

La audiencia se realizó de esta manera, ya que Sergio “R” y su defensa se enlazaron desde el domicilio del primero, argumentando problemas de salud, lo cual no fue óbice para que fuera sujeto a investigación judicial por peculado y uso indebido de atribuciones y facultades.

Sergio, así como Walter “J” y/o W.J.O.V., extitular de la Unidad de Comunicación Social del Gobierno del Estado de Campeche y el exdirector administrativo de la CAPAE, Antonio “A” y/o A.A.O. estarían implicados en el desvío de más de 16 millones de pesos destinados a propaganda gubernamental durante la administración de Alejandro Moreno Cárdenas.

Por cierto, que ninguno de los tres -como una vieja obra teatral- se encuentra en prisión. Por lo pronto Sergio “R” deberá pagar 250 mil pesos como parte de una de las medidas cautelares. No se informó cuáles son las otras.

Y ya que hablamos de Alito, el presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, Hugo Eric Flores, manifestó su intención de convocar a reunión de trabajo para elaborar un dictamen sobre la solicitud de desafuero contra el hoy senador y dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, a finales de julio.

Eric Flores señaló que el propósito es que antes de que termine el presente mes tener una sesión de trabajo con los integrantes de la Sección Instructora para poder estar en condiciones de elaborar un dictamen.

Agregó que la Fiscalía Anticorrupción de Campeche le envió ya información relevante para la solicitud de desafuero contra Moreno Cárdenas, acusado de enriquecimiento ilícito. Se abstuvo de dar argumentos jurídicos, porque ello haría que los abogados de Alito lo ampararan.

Detalló que Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política y líder de la bancada guinda en la Cámara de Diputados, le pidió apego a derecho y aborde el caso del dirigente priista desde el punto de vista legal, pues este tipo de asuntos tienen repercusiones de carácter político, por lo que se les pidió que cuidemos mucho el asunto desde el punto de vista legal.

Y un exfuncionario de la 4T se encuentra en severos problemas legales.

Se trata de Bismark “E” y/o B.E.R.C., exdirector del Instituto Tecnológico de Champotón, quien fue detenido la tarde del lunes 30 de junio tras una serie de denuncias por presunta violación y tras cumplimentarle la orden de aprehensión, el exfuncionario estatal fue puesto a disposición del juez de Control, cerca de las 20:30 horas del mismo lunes.

Durante la audiencia inicial le leyeron los cargos por violación en curso real homogéneo y solicitó la ampliación del término constitucional, fijándose la continuación de la diligencia judicial para el próximo fin de semana.

Entre tanto Bismark, quien ya tenía denuncias por violencia doméstica, fue sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva anticipada, por lo que por lo pronto será huésped de las galeras del penal de San Francisco Kobén.

UNAS BUENAS Y OTRAS MALAS 
EN MATERIA ECONOMICA

Pues la buena es que Campeche ha alcanzado cifras récord de producción de maíz, pero la limitada infraestructura con la que con tamos en la entidad para el almacenamiento de la gramínea y la falta de preparación ocasiona pérdidas económicas a los productores, según comentó a NCS Radio, Pedro Velázquez Euán, presidente de Ingenieros Agrónomos Unidos de Campeche.

Comentó que en el 2024 la falta de preparación de las bodegas receptoras provocó pérdidas económicas considerables a los productores, pues varias comunidades se quedaron sin poder colocar el grano a tiempo, viéndose obligados a mantener parados los camiones en que la transportaban o a regresar la cosecha.

Denunció que a pesar de haber alcanzado altos volúmenes de producción, el mercado terminó beneficiando a los intermediarios, ya que al saturarse las bodegas y no garantizarse precios competitivos, el maíz terminó vendiéndose por debajo de su valor, en condiciones que favorecieron la especulación y las compras a bajo costo.

El líder de los agrónomos pidió garantizar precios de garantía y reforzar la infraestructura de acopio en el Estado, pues de nada sirve alcanzar una buena producción, si no existen las adecuadas condiciones para su buena comercialización.

Así que ya tienen tarea las dependencias federales y estatales responsables del sector agropecuario, para que dejen de echar la flojera y se pongan en movimiento.

Por cierto, que donde existen muchas dudas sobre si se cumplirá la promesa presidencial de saldar la deuda de Pemex con los proveedores locales es en Ciudad del Carmen, donde según el diputado Pedro Hernández MacDonald, de Movimiento Ciudadano, estos no recibirán el pago que se les ofreció.

El legislador carmelita afirmó que la situación económica en el Municipio de Carmen es alarmante y que decenas de negocios están cerrando sus puertas por incosteabilidad, en tanto que más de 50 empresas han sido embargadas no solo por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), sino también por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Según él PEMEX solo tiene autorizado pagar adeudos por 116 mil millones de pesos y la deuda total con los proveedores asciende a más de 400 mil millones, por lo que destinando todos los recursos de la paraestatal en este rubro se lograría cubrir apenas la cuarta parte de la deuda.

En tono admonitorio pidió a la ciudadanía en general no dejarse engañar por anuncios optimistas y a exigir soluciones reales a los problemas financieros que enfrentan las empresas carmelitas.

Por cierto, y hablando del IMSS, negros nubarrones se ciernen en su futuro. Así, por primera vez en ocho años, redujo su estimación de suficiencia financiera, al advertir que solo tendrá recursos suficientes para cubrir sus gastos hasta el año 2036, según reveló el informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre la Situación Financiera y los riesgos del IMSS, enviado a la Comisión Permanente del Congreso.

Este ajuste se debe, principalmente, a la disminución en la expectativa del empleo formal, que afecta directamente las proyecciones de ingresos del Instituto. La estimación del crecimiento de plazas laborales para el 2025 fue reducida del dos por ciento a apenas el 0.6 por ciento.

Además, señala el informe, se han incrementado de manera significativa los recursos destinados a proyectos con impacto en los tres niveles de atención médica, lo cual también ha elevado los gastos.

El informe destaca la inversión en personal médico, equipos, insumos, servicios, obras nuevas, conservación y mantenimiento de instalaciones.  Este esfuerzo ha generado un incremento en el gasto proyectado de más de 286 mil millones de pesos respecto al informe del año anterior.

Aunque el IMSS cuenta con suficiencia financiera para al menos una década más, el informe identifica riesgos relevantes para su sostenibilidad de transición demográfica y epidemiológica.

El pasivo laboral por el régimen de jubilaciones y pensiones, a cargo del Instituto en su carácter de patrón, se calcula en 1.95 billones de pesos en valor presente. En el 2024 este concepto representó el 20.6 por ciento del gasto anual del IMSS.