Que universitarios violaron a una joven

La madre de la víctima señala que hay orden de aprehensión contra los culpables, pero prevalece la impunidad.

A través de las redes sociales, la madre de una joven presuntamente violada pide a la gobernadora Layda Sansores San Román que revise su caso, que se le haga justicia y que le exija al rector de la Universidad Autónoma de Campeche, José Alberto Abud Flores, la expulsión de los tres presuntos estudiantes de la facultad de Ciencias Políticas, a quienes responsabiliza por los hechos.

Señala que la Universidad Autónoma de Campeche ya conoce del caso, pero las autoridades no actúan y no han iniciado una investigación para dar de baja a los tres presuntos violadores.

Este es el relato que circula profusamente en las redes sociales:

“Mi hija, fue víctima de tres jóvenes (Jorge Alberto “N”, Joshua Dalai “N” y Angel de Jesús “N”), quienes abusaron sexualmente de ella; en el CJM (Centro de Justicia para la Mujer) denominaron la agresión que sufrió mi hija como violación equiparada tumultuaria, porque fue cometida por tres personas…”

De dicha investigación, prosigue la misiva, y ante la presión que hemos ejercido mi familia y yo sobre las autoridades, logramos que se soliciten orden de aprehensión en contra de dichos sujetos, las cuales han sido concedidas por el juzgado”.

Sin embargo, han pasado 45 días desde que se conoce el caso y “no ha querido hacer su trabajo, no ha querido cumplir las órdenes de aprehensión. La Fiscalía General del Estado no ha sido capaz de explicarme, el motivo real por el cual no se ha llevado a cabo el cumplimiento de las órdenes de aprehensión en contra de los agresores de mi hija”

Prosigue: “Sabemos mi familia, nuestros conocidos y la misma Fiscalía, que los agresores de mi hija son estudiantes de la Universidad Autónoma de Campeche, en la Facultad de Ciencias Políticas. También saben que los tres agresores de mi hija se mantienen en sus casas y que en ocasiones han salido a divertirse, cosa que mi hija, desde que fue agredida ya no hace”

La madre asegura que ya sostuvieron reuniones con el fiscal general del Estado, Jakson Villasís Rosado y con la secretaria de Gobierno, Liz Hernández y su respuesta fue que los dejen trabajar y que les conceda un voto de confianza.

Refiere, que uno de los agresores se ha acercado a ellos para ofrecerle casa, automóvil o lo que quiera (la víctima), con tal de que se dé carpetazo al asunto. Presume que hay tráfico de influencias y por eso la Fiscalía no quiere actuar.

A más de 28 días desde que se liberaron las órdenes de aprehensión contra los presuntos violadores, la madre de la chica advierte que está llegando al límite de su paciencia y que de ser posible acudirá a instancias internacionales de derechos humanos para hacerse escuchar. Sin embargo, le da un voto de confianza a la autoridad y tiene confianza en que se hará lo propio para que los presuntos delincuentes reciban todo el castigo del Estado.