Los anexos

Preocupante lo que viene ocurriendo en el Estado de Campeche desde hace mucho tiempo atrás con los llamados “anexos”, que están convertidos en centros de hacinamiento, de violencia física y sicológica, de explotación, de degradación del ser humano y de negocios de sus propietarios.

Es así porque hasta ahora ningún nivel de gobierno le ha entrado con seriedad al tema no solo para regularizarlos, sino para proporcionar tratamiento a las víctimas de las adicciones, se han desajenado del problema de los adictos para no tener una carga más, convirtiéndose en cómplices de la desgracia y tragedias de los anexados y familiares.

Ninguno de los 26 que funcionan en la geografía estatal cumplen con la normatividad, según los dichos de los propios funcionarios de la Secretaría de Salud. Es decir, no rehabilitan y no cuentan con atención especializada de psiquiatras, sicólogos y médicos. Esto es, no hay uno solo especializado, ni lo llamados mixtos, solo los de ayuda mutua que, dicho sea de paso, tampoco lo son, no la gran mayoría.

Sin embargo, abrir un anexo es más fácil que inscribirse a una escuela para estudiar lo que ha propiciado su proliferación y que estén convertidos en lugares donde los anexados viven peor que en los penales, sujetos a la voluntad del dueño o dueños, así como de los llamados padrinos que, con toda impunidad los golpean, secuestran y encierran.

Estos anexos también están convertidos en almacenes de drogas y refugio de criminales, a los que rara vez voltean a ver las autoridades de los tres órdenes de gobierno que han optado por lo más cómodo: cerrar los ojos, taparse los oídos y permanecer inertes ante un problema que va en crecimiento todos los días.

Han preferido ser cómplices y permisivas, lo que no las exime en nada de su responsabilidad en la proliferación de estos centros, donde los adictos están expuestos a todo lo peor, menos a mejorar su vida, a dejar los estupefacientes. Cuando deberían enfrentar de una vez por todas el problema en el que ciertamente la primera responsabilidad es de los padres de familia, pero que el estado la comparte desde cualquier óptica que se vea y ha decidido dejar de hacer.

El argumento preferido de los funcionarios es que es muy reducido el número de personas que consumen alguna droga que logra rehabilitarse. Entonces es tirar dinero y tiempo a la basura. En otras palabras, prefieren condenar a la humillación, al rechazo de la sociedad y a seguirse consumiendo por la enfermedad a las personas, que intentar salvarse del infierno que viven.

El Gobierno del Estado de Campeche parece que tiene intenciones de que esto cambie, esperemos que no se quede en eso.