México: de la democracia a la tiranía

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El régimen aprovechó su fraudulento dominio del Congreso para cometer otra tropelía contra la democracia y las garantías individuales de los mexicanos: establecer sólidas bases para la cooptación de las fuerzas armadas –histórica y ejemplarmente las de México se habían sujeta- do de manera legal y funcional al poder civil, a diferencia de otros países en América Latina– no solo al entregarles la Guardia Nacional –lo que únicamente ha ocurrido en países no democráticos–, sino, quizás de manera más siniestra, al dejarlas expuestas para que se conviertan en parte interesada en la preservación de un régimen autoritario y corrupto. Esto, por cierto, traiciona y elimina el principio existente desde la Constitución de 1857 de que las fuerzas armadas solo podrán ejercer funciones que tengan exacta conexión con la disciplina militar. En adelante esta importante precisión desaparece y quedarán a lo que las leyes, producidas por el partido en el poder, les requiera, eso sí, preservando el fuero militar y sin estar sujetas a las condiciones de transparencia y rendición de cuentas aplicables a los civiles que participen en actividades similares. Convertir a los ejércitos y a sus comandantes en cómplices de dictaduras latinoamericanas y de otras partes del mundo ha rendido excelentes frutos a gobernantes déspotas. Esta experiencia ahora se institucionaliza en México con Morena en el poder. Pero eso no es todo: la Guardia Nacional –ahora un órgano del ejército– podrá investigar delitos con autonomía e independencia del ministerio público. Las reformas recientes asimismo han dispuesto la ampliación de las causales de la ominosa prisión preventiva oficiosa, lo que hará más fácil que, con el solo señalamiento de la autoridad, una persona bajo investigación sea puesta en prisión, in- dependientemente de los méritos de la acusación, todo el tiempo que dure el proceso penal en su contra. A esta atrocidad, que es incompatible con las normas internacionales de derechos humanos, súmensele las limitaciones que el Congreso de Morena le ha impuesto también al juicio de amparo.

De esta manera, con la militarización de la seguridad y la investigación de delitos; con la cooptación corrupta de las fuerzas armadas; con la prisión preventiva oficiosa; con la ilegal intimidación fiscal que ya se practica cotidianamente; con la eliminación del derecho efectivo a la información y la transparencia –que además comprende la eliminación del portal que existió durante veintiocho años para conocer y revisar los contratos del gobierno federal–; y sobre todo con la ausencia de un poder judicial independiente, se alcanza con toda nitidez el retrato hablado de la estructura de un Estado policial propio de un régimen autoritario y represivo. Esas herramientas las podrá tener a su disposición el oficialismo para usarlas a plenitud cuando sus otros métodos de control político pierdan efectividad. Queda claro que el gobierno de Morena será inmensamente poderoso para combatir cualquier disidencia y pisotear todos los principios esenciales del Estado de derecho.

La desaparición del poder judicial independiente y los organismos autónomos, así como la preparación de un Estado policial, hieren gravemente a la democracia mexicana, pero el último clavo en su ataúd vendrá de la contrarreforma electoral en marcha, otro deshonroso legado de López Obrador que la presidenta Sheinbaum ha salido también a apoyar. De concretarse esta contrarreforma, se desaparecería al Instituto Nacional Electoral y a los órganos electorales estatales, para sustituirlos por un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas que sería administrado por consejeros electos por voto popular, lo cual debe leerse que serían escogidos por el gobierno, si se toma como referencia la fraudulenta simulación en curso de elección de la Judicatura. Para ser precisos, la organización de las elecciones regresará al control del gobierno. Asimismo, se pretende reducir la Cámara de Diputados a 300 legisladores y la de senadores a 64. La representación proporcional pura que se anuncia haría que el partido oficial, de volver a adjudicarse el 54% de los votos, controlaría más del 80% de los diputados y más del 90% de los senadores. Se tendría en consecuencia un retroceso a la situación anterior a la reforma de Reyes Heroles de 1977, cuando la pluralidad y las minorías no tenían representación en el Congreso y el partido hegemónico se llevaba todo. Para cerrar el círculo del control de las elecciones, se busca acotar la lista de violaciones a las leyes electorales, reducir las penas por esas violaciones, y rebajar sustancialmente el financiamiento a los partidos y las campañas electorales.

Para destruir el órgano electoral que en pocos años llegó a considerarse un modelo internacional, se alega, entre otras insensatas razones, la búsqueda de ahorro de recursos públicos. Para la nación, tener una democracia limpia nunca será más caro que tener una tiranía sucia. Por eso, los ciudadanos debemos estar dispuestos a pagar por esa democracia ya que, sin esta, los costos serán mucho mayores en términos de progreso y libertades.

No se olvide que los que alegan la necesidad de ahorrar en el gasto para contar con democracia, son los mismos que tiraron el dinero demoliendo un aeropuerto de calidad mundial a medio terminar, construyeron un tren inútil que ha causado un daño ecológico irreparable en la península de Yucatán y despilfarraron casi 20 mil millones de dólares en una refinería de petróleo que no hacía ninguna falta dada la capacidad ociosa de refinación de crudo en el mundo. Fueron los mismos que decidieron ahorrar dinero cuando llegó la pandemia y, por ese ahorro, México tuvo una de las más altas tasas de mortalidad por Covid y una de las contracciones económicas más severas, al tiempo que continuaban a toda marcha los proyectos faraónicos de López Obrador. Eso sí, el presidente confesó que la pandemia “le había caído como anillo al dedo”.

Debe notarse que la proyectada reducción en los recursos fiscales para los partidos de oposición, sus campañas y la organización de elecciones, ocurrirá en paralelo a cambios en otras disposiciones legales que exentarán a Pemex, la CFE y las fuerzas armadas de cumplir con las reglas de transparencia en la contratación de obra pública. No hay que ser suspicaz para ver lo que hay detrás de, por un lado, asignar menores recursos a la oposición y, por el otro, crear una “caja grande” para el partido oficial.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha cumplido hasta ahora su promesa de continuar sin desviaciones los proyectos de su antecesor. No cabe duda de que, en el más trascendente de ellos –la destrucción de la democracia mexicana–, la mandataria merece una nota de sobresaliente.

Para considerarse democrática, una nación debe tener Estado de derecho, elecciones libres y competitivas; división y equilibrio de poderes; un poder judicial independiente y profesional; garantía y respeto a los derechos y libertades civiles; acceso a la información y transparencia, con efectiva rendición de cuentas; y respeto a la participación y representación política, incluyendo las de las minorías. Todo esto lo están destruyendo el actual gobierno y su partido. Sin esos componentes esenciales, no puede hablarse de acatamiento a la soberanía popular, pues esta solo existe en la democracia. Por tanto, cuando la presidenta nos dice que México está por convertirse en el país más democrático del mundo, tristemente nos está mintiendo a todos los mexicanos. Que no nos engañen: nuestra joven democracia ha sido asesinada.