Órdenes ejecutivas aceleran la crisis constitucional en EU

Expertos y legisladores alertan que las decisiones del presidente ponen en riesgo los derechos de todos los ciudadanos de ese país, incluidos migrantes con documentos legales, porque el republicano no conoce límites

Washington.- Donald Trump consumó lo que ninguno de sus antecesores: colocar al país al borde de una crisis constitucional, no solo por ignorar las decisiones adversas a su política migratoria por jueces federales e incluso de la Suprema Corte, sino por aprobar órdenes ejecutivas que violan la carta magna, como su intento para abolir la ciudadanía a hijos de indocumentados, opinaron expertos y legisladores.

En sus primeros 100 días y en medio de un descenso sostenido de su popularidad, Trump desempolvó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para endurecer políticas migratorias de manera sin precedentes y ha desafiado sucesivos fallos en los tribunales primero para suspender la deportación de presuntos pandilleros del Tren de Aragua y después al negarse a repatriar al migrante salvadoreño Kilmar Abrego García y otros.

Una crisis constitucional es un momento en el que se produce algún tipo de parálisis o posible abuso de la Constitución sin una solución evidente. No cabe duda de que bajo el liderazgo de Donald Trump, Estados Unidos se encuentra precisamente en ese momento”, sostuvo Jamal Greene, experto en derecho constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia.

¿Se está volviendo EE. UU. un país menos democrático bajo Trump?

En menos de tres meses de Gobierno, Donald Trump ha emitido cientos de órdenes ejecutivas, aprovechando al máximo el poder que le permite la Constitución. Esto ha provocado un choque de poderes.

Mientras sus… pic.twitter.com/5ghQg19ts2

— DW Español (@dw_espanol) April 5, 2025

Greene cree que Estados Unidos no entró en crisis por el caso de Abrego García, sino antes, cuando tomó acciones como abolir la ciudadanía por nacimiento. “Si el gobierno no puede autolimitarse de violar la Constitución o las leyes de forma tan flagrante y frecuente, entonces el país ya se encuentra en una situación de crisis constitucional”, señaló.

La primera salvación del debate fue disparada cuando la Casa Blanca decidió ignorar el fallo del juez James Boasberg de suspender la deportación al Centro de Confinamiento del Terrorismo de San Salvador de 261 migrantes venezolanos y salvadoreños acusados de ser miembros de las pandillas Tren de Aragua y MS-13, los cuales no tuvieron la presentación previa ante un juez.

Aunque la Casa Blanca argumentó que los vuelos no fueron suspendidos, porque ya se encontraban en el espacio aéreo internacional, el juez Boasberg no compró el argumento porque el gobierno no presentó evidencias y evalúa poner en marcha un proceso de desacato contra la Casa Blanca.

Tras el revés, Trump demandó en sus redes sociales el impeachment o juicio político contra Boasberg, pero el propio presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Roberts, lo frenó.

“Durante más de dos siglos se ha establecido que el impeachment no es una respuesta adecuada al desacuerdo sobre una decisión judicial”,
El Departamento de Justicia decidió llevar el caso a la Corte de Apelaciones, pero le fue peor. “Los nazis recibieron un mejor trato bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.

“(A los deportados) No se les notificó a esas personas. No se les dijo a dónde iban. No tuvieron oportunidad de presentar un hábeas corpus ni ningún tipo de acción para impugnar la deportación”, sostuvo la jueza Patricia Millet.

Finalmente, la Suprema Corte de Justicia permitió temporalmente las deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, pero exigió que los migrantes sean notificados con anticipación y tengan oportunidad de impugnar su deportación. Sin embargo, abogados de algunos venezolanos y salvadoreños deportados han denunciado que eso no ha ocurrido.

De hecho la polémica se profundizó cuando Trump decidió deportar al salvadoreño Abrego García, a pesar de que contaba con una “suspensión de deportación” emitida por un juez federal en 2019. A pesar de que la Suprema Corte de Justicia ordenó “facilitar” su regreso a Estados Unidos, el senador demócrata Chris Van Hollen viajó a El Salvador y denunció que la embajada estadunidense no había hecho ninguna gestión.

Sí, estamos (en una crisis institucional). Están ignorando a los tribunales en este preciso momento. Como han dicho los tribunales, facilitar su regreso significa algo más que no hacer nada. Y no están haciendo nada. Sí están violando rotundamente las órdenes judiciales en este preciso momento.
“Este caso no se trata solo de un hombre, se trata de proteger los derechos constitucionales de todos los que residen en los Estados Unidos”, declaró el senador a NBC.

En paralelo, otro juez federal ordenó a la administración Trump devolver a Estados Unidos a un inmigrante venezolano identificado solamente con el nombre de Cristian. A raíz de que ninguna de las órdenes se ha cumplido es probable que ambos casos, así como la abolición de la ciudadanía por nacimiento, sean resueltas en última instancia por la Suprema Corte de Justicia.

Sin embargo, la portavoz de Trump, Karoline Leavitt, dijo a periodistas que “muchos de ustedes (los medios) están asustando al público y haciéndoles creer que existe una crisis constitucional”, señaló.