ONU insta al Senado a garantizar libertad de expresión en Ley de Telecomunicaciones; Artículo 19 pide respeto a derechos humanos

Artículo 19 también expresó que la ley propone otorgar facultades al poder Ejecutivo para bloquear plataformas digitales.

México.- La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), hizo un llamado al Senado para garantizar espacios de consulta y considerar estándares internacionales en libertad de expresión, información, privacidad, derechos digitales e indígenas en la reforma a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

La tarde de este jueves organizaciones civiles alertaron que esa ley que será discutida y votada la próxima semana en el Senado de la República, no sólo es una una copia con «parches» mal pensados y estructurados de la reforma peñista del 2014”, sino que establecerá un régimen de control gubernamental del Ejecutivo sobre la asignación del espectro radioeléctrico, las concesiones y la supervisión, generando riesgos de censura y preferencia hacia actores afines.
Por su parte, el Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (Idet), reconoció que una reforma a la Ley de Telecomunicaciones en México es indispensable para fijar la política pública frente a nuevas tecnologías, la inteligencia artificial y la demanda de más servicios a menores precios.

Sin embargo, mencionó que la reforma enviada por el Ejecutivo federal al Congreso de la Unión es una copia, con «parches» mal pensados y estructurados de la reforma peñista del 2014.

Señaló que la Ley de Telecomunicaciones busca ejercer censura arbitrariamente en la radio, la TV, las plataformas digitales y hasta las apps como TikTok, Facebook o X, por mencionar algunas.

«Se busca en México sacar del aire programas y plataformas tal y como acontece en Nicaragua y Venezuela?”, señaló.
Artículo 19 pide al Congreso respetar derechos humanos por Ley de Telecomunicaciones
Artículo 19 alertó que la próxima semana, el Senado de la República aprobará con premura, sin discusión, sin parlamento abierto, sin argumentos ni criterios, una nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, estableciendo un régimen de control gubernamental del Ejecutivo sobre la asignación del espectro radioeléctrico, las concesiones y la supervisión, generando riesgos de censura y preferencia hacia actores afines.
En un comunicado, expresó que entre las principales problemáticas en el cuerpo de la ley se vislumbra, por ejemplo, que se administre el espectro radioeléctrico y se otorguen concesiones bajo consideraciones políticas y no de interés público, permitiendo retirar concesiones a aquellos medios de comunicación independientes y críticos, bajo argumentos subjetivos, sin motivación o ambiguos.
Agregó que las modificaciones también impedirían que se reconozcan los derechos colectivos sobre el espectro radioeléctrico ni la propiedad comunal sobre la infraestructura instalada en territorios indígenas. Aunado a ello no se reconoce explícitamente el derecho a la comunicación con pertinencia cultural y lingüística para pueblos indígenas.

“Muy gravemente, la ley también propone otorgar facultades al poder ejecutivo para bloquear plataformas digitales. Es inconstitucional bloquear una aplicación o servicio digital, ni temporal, ni permanentemente, bajo ninguna condición. Estándares internacionales de derechos humanos prohíben la instauración de cualquier medio encaminado a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones, como es el bloqueo de plataformas digitales”, dijo.

Urgió a las y los legisladores a que reconozcan el marco de los derechos humanos que están obligados a cumplir.

Sheinbaum propone nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión: ¿cómo prohibiría la publicidad de gobiernos extranjeros?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió el miércoles al Senado del país la iniciativa para expedir la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Esta nueva ley —que, de aprobarse, reemplazará a la actual Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión— “incluye la prohibición de propaganda política, ideológica, comercial o de cualquier tipo por parte de gobiernos o entidades extranjeras, con excepción de la promoción turística o cultural”, indicó el Senado en un comunicado tras recibir la iniciativa.
La presentación de esta iniciativa de ley por parte del Ejecutivo federal llega después de que el Gobierno de Estados Unidos emitiera un anuncio publicitario contra la inmigración ilegal en la televisión mexicana.
En ese anuncio, la secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem, transmite un “mensaje del presidente Donald Trump al mundo: Si consideras ingresar ilegalmente a Estados Unidos, ni lo pienses”.
Sheinbaum calificó de “discriminatorio” el anuncio y afirmó que circula en televisión desde “hace algunos meses”, además se transmitió durante transmisiones de partidos de fútbol de la Liga mexicana el fin de semana del 19 de abril.

Lo que necesita la iniciativa para ser aprobada

Para que la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión se promulgue, primero tiene que ser aprobada la iniciativa por las comisiones unidas de Radio, Televisión y Cinematografía; Comunicaciones y Transportes; y Estudios Legislativos del Senado, lo cual se espera para este jueves, dijo Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Cámara alta de México.
Si pasa esta etapa, sigue la discusión y votación en el pleno del Senado. Noroña agregó que esto podría suceder la próxima semana, cuando “estaríamos en condiciones de aprobar la iniciativa”.
Una vez que la iniciativa de ley tenga el visto bueno del Senado, pasará a la Cámara de Diputados para seguir el mismo camino de aprobación.
Morena, el partido de la presidenta de México, tiene la mayoría tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, por lo que se prevé que la ley sea aprobada rápidamente.
¿Qué dice la iniciativa de ley para prohibir la publicidad de gobiernos o entidades extranjeras?
Cuando se convierta en ley, ¿cuáles son los artículos que prohibirán la propaganda de gobiernos o entidades extranjeros?
En materia de publicidad extranjera, todo se centra en el artículo 210 de la iniciativa de ley, el cual menciona que quienes tengan concesiones de radio, televisión o audio en el país (ya sean entes públicos o privados) “no podrán transmitir propaganda política, ideológica, comercial o de cualquier tipo de gobiernos o entidades extranjeras, con excepción de la promoción turística o cultural”.
Asimismo, añade ese artículo, los gobiernos extranjeros no podrán utilizar los medios de comunicación mexicanos “para influir en los asuntos internos del país”.
En cuanto a las plataformas digitales cuyos contenidos estén disponibles en México, estas “no podrán comercializar espacios publicitarios para la difusión de publicidad, propaganda o cualquier información de gobiernos extranjeros”, salvo que tengan fines culturales o artísticos, señala el artículo 210.
La iniciativa de ley de Sheinbaum no solo prohibirá que gobiernos o entidades extranjeras emitan anuncios publicitarios, sino que también bloqueará que les cedan o entreguen una concesión de radio, televisión o audio.
El artículo 71 de la iniciativa de ley indica que ninguna concesión (junto con sus derechos, servicios, accesorios y bienes) “se podrá ceder, gravar, dar en prenda o fideicomiso, hipotecar o enajenar total o parcialmente… a ningún gobierno o estado extranjero”.
Recordemos: las concesiones de telecomunicaciones y radiodifusión se entregan únicamente a personas o empresas mexicanas, según lo establecido en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (y que también se mantiene en la nueva iniciativa de ley de Sheinbaum). La participación de inversión extranjera en las concesiones se permite bajo los términos de la Constitución y la Ley de Inversión Extranjera (esto también continúa en la iniciativa de la presidenta de México).
Por otro lado, la iniciativa de ley indica en su artículo 185 que la Secretaría de Gobernación será la encargada de “vigilar y supervisar que la publicidad que se transmita mediante servicios de radiodifusión, de televisión o audio, restringidos y en plataformas digitales, no contravengan las disposiciones previstas en el artículo 210”.

Otros cambios que incluye la iniciativa de ley de Sheinbaum

La iniciativa de ley de Sheinbaum clasifica el espectro radioeléctrico en tres tipos: determinado, libre y protegido. Por tanto, se elimina el cuarto tipo presente en la todavía vigente ley de telecomunicaciones, que lleva por nombre “espectro reservado” y se refiere a “aquel cuyo uso se encuentre en proceso de planeación”.
La iniciativa de Sheinbaum tiene un título completo (el séptimo, de los artículos 159 al 161) sobre colaboración con la justicia, en el que se detallan las obligaciones de los concesionarios de telecomunicaciones para colaborar con las autoridades en la identificación de suscriptores de servicios de telecomunicación, la localización geográfica de equipos terminales y la conservación de registros de comunicaciones. En resumen, la iniciativa señala que los concesionarios están obligados a entregar información, siempre y cuando las autoridades presenten un “mandamiento por escrito, fundado y motivado”. Esto también está establecido en la ley aún vigente, pero la iniciativa de Sheinbaum agrega, por ejemplo, que los prestadores de servicios deben conservar registros incluso de “mensajes instantáneos”, ya no solo de cortos, multimedia o avanzados como lo marca la ley actual.

México multará a las televisiones y radios que transmitan propaganda extranjera con hasta el 5% de sus ingresos
La reforma propuesta por Sheinbaum establece enormes penalizaciones económicas para las empresas de radio y televisión que abran la puerta a anuncios políticos de otros países

En el futuro inmediato, si Televisa o cualquier otro concesionario de radio y televisión transmite la polémica campaña antiinmigrante de Donald Trump, lo pagará muy caro. Literalmente. El Ejecutivo de Claudia Sheinbaum impulsa una reforma a la ley en la que se establecen multas de entre el 2% y el 5% de los ingresos totales del concesionario que emita propaganda de gobiernos extranjeros. Tomando en cuenta a los principales concesionarios de radiodifusión mexicanos, Televisa y TV Azteca, que están en manos de dos de los hombres más ricos del país, las multas alcanzarían cifras estratosféricas. Fuentes del Gobierno federal han señalado a EL PAÍS que los empresarios de la radio y la TV han condenado la propuesta porque no se les tomó en cuenta y consideran muy elevadas las penalizaciones. La iniciativa de ley será aprobada la próxima semana en el Senado y enviada inmediatamente para su ratificación a la Cámara de Diputados.

La propuesta de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión establece que las sanciones estarán a cargo de la Secretaría de Gobernación, a la que se le restituyen atribuciones en la vigilancia de los concesionarios. “Se sancionará con multa por el equivalente de 2% hasta el 5% de los ingresos del concesionario, autorizado, programador, o plataforma digital por […] incumplir la prohibición de publicidad establecida en el artículo 210 de la ley”, indica la iniciativa. Dicho artículo establece: “Los concesionarios que presten el servicio de radiodifusión, televisión o audio restringidos en el país no podrán transmitir propaganda política, ideológica, comercial o de cualquier tipo de gobiernos o entidades extranjeras, con excepción de la promoción turística o cultural. Tampoco se permitirá que gobiernos extranjeros utilicen los medios de comunicación nacionales para influir en los asuntos internos del país”.

Ese mismo artículo extiende la misma prohibición —y la posibilidad de las mismas multas— a las plataformas digitales, desde las de redes sociales como X hasta las de servicios de streaming como YouTube. “Las plataformas digitales, cuyos contenidos estén disponibles en el territorio nacional, no podrán comercializar espacios publicitarios para la difusión de publicidad, propaganda o cualquier información de gobiernos extranjeros distinta de aquella que tenga fines culturales o turísticos”, indica la iniciativa.

La agresiva campaña contra los migrantes patrocinada por Washington ha acaparado esta semana los titulares, y ha tocado fibras nacionalistas entre las autoridades mexicanas. El primer spot de la campaña muestra a la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, lanzando una advertencia a las personas que ingresen a su país ilegalmente de que serán “cazadas” y deportadas. Hasta ahora, el anuncio, en inglés y con subtítulos, se ha transmitido a través de los canales y programas de mayor audiencia de Televisa, aunque el Gobierno ya ha identificado también la difusión del spot en radios locales de los Estados (en ese caso se emite con doblaje en español).

De acuerdo con información pública, Televisa, propiedad de Emilio Azcárraga Jean, obtuvo en 2024 ingresos por 62.261 millones de pesos (3.171 millones de dólares). Por su parte, TV Azteca, de Ricardo Salinas Pliego, tuvo ingresos de 15.100 millones de pesos (769 millones de dólares) en 2022, el último año consultable (la televisora dejó de cotizar en la Bolsa). Si la ley aplicase de inmediato a la cadena de Azcárraga Jean, la multa a la que se haría acreedora oscilaría entre 1.245 y 3.113 millones de pesos.

El proyecto establece que la administración del espectro radioeléctrico estará en manos de la poderosa Agencia de Transformación Digital (ATD), encabezada por Pepe Merino, uno de los colaboradores más cercanos de la presidenta Sheinbaum. La ley indica que la gestión del espectro es una prioridad pública, ya que “su adecuada administración garantizará la disponibilidad de este recurso para atender la creciente demanda de comunicación inalámbrica”. Afirma que es necesario garantizar el acceso equitativo al espectro, la innovación tecnológica y la optimización de uso de manera eficiente y sostenible. “Con una planificación estratégica, se puede cerrar la brecha digital, mejorar la competitividad del país y garantizar que más personas se beneficien de las oportunidades que ofrece la digitalización”, asienta.

En los hechos, la ATD tomará el rol que tuvo el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), desaparecido por la Administración de Sheinbaum junto a un cúmulo de instituciones gubernamentales autónomas. La Agencia tendrá a su cargo la elaboración y aprobación de planes y programas de uso del espectro; el establecimiento de condiciones para la atribución de bandas de frecuencia; el otorgamiento de concesiones, autorizaciones y constancias de registro; la supervisión de las emisiones radioeléctricas y la aplicación del régimen de sanciones. En resumen, el Ejecutivo volverá a tener el control absoluto sobre las concesiones del espectro.

La iniciativa indica que, si bien el Gobierno supervisará que los contenidos respeten los derechos humanos y de las audiencias, los concesionarios tendrán “plena libertad de expresión, libertad programática, libertad editorial”, y se asegura que no habrá “censura previa sobre sus contenidos”. La ley señala que las audiencias y los usuarios “son el componente más importante en el ecosistema de las telecomunicaciones, son por ellos y para ellos los servicios que ofrecen los concesionarios”, por lo que se diseña un andamiaje robusto para garantizar sus derechos a través de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).