Quitan 10 mil millones del Poder Judicial: Nafin transfiere fondos a Tesorería

El órgano del Poder Judicial de la Federación asegura que fue sin su consentimiento y que ha emprendido medidas de conciliación y una estrategia legal al respecto

Ciudad de México.- El Consejo de la Judicatura de la Federación (CJF) acusó a la Nacional Financiera (Nafin) de transferir, sin previa consulta o autorización, 10 mil millones de pesos de cuatro de sus fideicomisos, que se le habían encomendado, a la Tesorería de la Federación (Tesofe) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Por lo que ya analiza las acciones legales que emprenderá, explicó a través de un comunicado.

De acuerdo con el CJF, los recursos de esos fideicomisos serían usados para pagar las indemnizaciones para los juzgadores que declinen su candidatura o no permanezcan en su puesto por perder en la elección judicial, que se celebrará el próximo 1 de junio.

Esto quedó establecido en los transitorios Décimo del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma al Poder Judicial, y Vigésimo de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, «las y los juzgadores que declinen su candidatura o que no resulten electas serán acreedoras a un pago extraordinario, el cual debe ser cubierto con los recursos que deriven del proceso de extinción de los fideicomisos mencionados”, aseveró el Consejo de la Judicatura de la Federación.

Denuncia Jufed que CJF no ha indemnizado a ex juzgadores

Jufed denunció que desde diciembre CJF no ha pagado indemnización extraordinaria a juzgadores que declinaron participar en elección del PJ

Ciudad de México.- La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) denunció que desde diciembre pasado el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) no ha pagado la indemnización extraordinaria prevista por la reforma judicial para aquellos juzgadores que declinaron a participar en la elección de junio próximo.

Juana Fuentes Velázquez, directora de la asociación civil, envió un escrito al CJF para pedir el cumplimiento del pago, ya que la propia reforma en el rubro establece que debe garantizarse de inmediato, una vez que el impartidor de justicia deja el cargo.

«En una nueva violación de derechos, el Estado Mexicano por conducto de sus instituciones, entre ellas este CJF, ha incumplido con el pago extraordinario a los juzgadores que ya se han separado con motivo de la reforma y lo han solicitado, lo que implica una reiteración a la transgresión de los derechos fundamentales de las personas titulares», dice el texto.

«Por ello, estimamos que (el CJF) debe determinar dar cabal cumplimiento al pago extraordinario, para aquellas personas juzgadoras que ya se encuentren en el supuesto, esto es, la declinación a participar en cualquier proceso electoral, que ya se hubieran separado del cargo por ese motivo o que lo hagan a partir de agosto de 2025 o 2027, lo que debe acontecer, de manera inmediata para quienes ya han dejado el cargo y a más tardar el último día de funciones para quienes serán sustituidos por la elección judicial».

El pago al que se refiere está previsto en el artículo décimo transitorio de la reforma judicial y contempla remunerar con tres meses de salario integrado y 20 días de salario por cada año de servicio prestado, además de las prestaciones a que tengan derecho, a los magistrados y jueces federales que declinen a participar en el proceso electoral o que pierdan la elección.

Fuentes señaló que, según los cronogramas de la propia reforma, esta indemnización debió haberse cubierto en diciembre pasado a los juzgadores que se separaron del cargo y sin depender de la disponibilidad de recursos, porque se trata de una obligación constitucional y la falta de suficiencia presupuestal no puede ser un impedimento.

«Debe tomarse en cuenta que la propia reforma judicial limita las posibilidades de ingresos de las personas titulares removidas, ya que están impedidas para ejercer profesionalmente en el Circuito Judicial en el que estuvieron adscritas durante los 2 años posteriores al término del encargo, lo cual consideramos es del todo desproporcionado debido a que las personas juzgadoras únicamente dependemos de nuestra profesión para subsistir y cumplir con los compromisos personales y familiares adquiridos», dijo.

«En razón de lo antes señalado, las Directivas Nacional y Regionales de JUFED solicitan a este Pleno del CJF que de manera inmediata se realice el pago contemplado en el artículo Décimo Transitorio de la Reforma Constitucional al Poder Judicial a quienes ya se encuentren en los supuestos legales de procedencia y, en caso de que exista algún impedimento para ello, se de la razón que funde y motive dicha imposibilidad para realizar el pago correspondiente, a efecto de que esta Asociación pueda determinar lo procedente para la defensa de los derechos de las personas juzgadoras asociadas».

La directora de la JUFED también instó al CJF a realizar las gestiones necesarias para retirar la restricción de dos años para ejercer la abogacía a los juzgadores que concluirán su encargo con la reforma.