Loretta Ortiz, ministra de la Corte, y su yerno son investigados por la SEC en EU

La denuncia fue interpuesta en Estados Unidos por las hermanas Garza, quienes acusan a la ministra Loretta Ortiz, quien aspira a mantener su puesto en la Corte, de tráfico de influencias

Ciudad de México.- La Security and Exchange Commission (SEC por sus siglas en inglés) recibió una petición de uno de los despachos de abogados más grandes de Estados Unidos, Quinn Emmanuel, para que informen el avance de la denuncia contra la ministra Loretta Ortíz Alfh y su yerno Abel Chávez Salinas interpuesta por las hermanas Garza por posible tráfico de influencias o hechos de corrupción en su litigio en la Corte contra Santander.

Distintos periodistas y columnistas han señalado ya la existencia de esta denuncia que se suma a informaciones recientes sobre el posible involucramiento de Loretta Ortíz y su yerno con Rafael Zaga Tawil, aquella persona sobre la que pesa una orden de aprehensión por lavado de dinero y delincuencia organizada por haber obtenido ilegalmente del Infonavit 5 mil millones de pesos.

Igualmente, hay menciones frecuentes del conflicto de intereses que tiene el abogado Jordi Oropeza, a quien se ha ubicado cerca de Chávez Salinas, en el caso que investiga la SEC en Estados Unidos.

️‍♀️⚖️ INVESTIGAN A LORETTA ORTIZ Y SU YERNO EN EU POR PRESUNTO TRÁFICO DE INFLUENCIAS

La ministra de la Suprema Corte, Loretta Ortiz Ahlf, enfrenta una denuncia ante la SEC (Security and Exchange Commission) de Estados Unidos por posible tráfico de influencias y corrupción, junto… pic.twitter.com/Bt55Jo3XeJ

— LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) April 7, 2025

¿Qué sabemos del caso Actinver, por el que señalan a Loretta Ortiz?

Y es que en este caso la ministra Loretta Ortíz ha anunciado su voto a favor de Rafael Zaga Tawil en un litigio con Actinver, donde le reclama no haber actuado bien en su carácter de fiduciario no obstante que los mil millones que reclama fueron transferidos de un fideicomiso del banco “Ve por más” a sus propias cuentas en BBVA a petición suya.

De acuerdo con fuentes enteradas del asunto, el litigio suena tan absurdo que con su firma fue el propio Zaga quién ordenó mover esos mil millones de pesos que eran producto de la ilegal obtención de recursos del Infonavit.

El actual director del Infonavit, Octavio Romero, ha señalado actos de corrupción recurrentes identificados del pasado y este de 5 mil millones de pesos parece el más grave y cuantioso de todos.

Resulta por lo menos inconcebible ver a la ministra de la 4T actuando a favor Zaga quien desfalcó con esos 5 mil millones al Infonavit.

Candidato a juez señalado por crímenes contra periodistas

Ocho organizaciones lo señalan de presuntos vínculos con la delincuencia organizada y extorsionar a comunidades indígenas en Michoacán

Ciudad de México.- Organizaciones civiles denunciaron este lunes que el candidato a juez en Michoacán, Francisco Herrera Franco, está relacionado con el asesinato de dos periodistas, por lo que exigieron a las autoridades revisar su postulación rumbo a la elección judicial el 1 de junio.

Manifestamos nuestra profunda preocupación y rechazo ante la postulación de Francisco Herrera Franco como candidato a juez federal en materia penal», indica un comunicado firmado por ocho ONG, entre ellas, Artículo 19 y Defensorxs.

Las ONG advirtieron que Herrera Franco, quien era apodado «el fiscal del terror» durante su gestión como fiscal regional en Michoacán (2020-2022), ha sido señalado «por su posible involucramiento» en el asesinato de los periodistas Roberto Toledo y Armando Linares, del portal Monitor Michoacán, en 2022.

“A ello se suman grabaciones filtradas en las que presuntamente pacta con líderes criminales, así como una denuncia por violencia institucional contra periodistas», avisaron.

Agregaron que el candidato postulado por el Poder Ejecutivo enfrenta acusaciones de presuntos vínculos con la delincuencia organizada y fabricación de delitos, incluyendo extorsión a comunidades indígenas mazahuas para forzar su colaboración con organizaciones criminales, lo que provocó el levantamiento de autodefensas y una denuncia pública en su contra.

Su apodo, recapitularon, se debe a «su historial de violaciones a derechos humanos, cooptación institucional y presunto pacto con grupos criminales», lo cual fue documentado en grabaciones filtradas donde presuntamente colabora con un líder criminal en Zitácuaro, lo que resultó en su destitución del cargo.

Ante ello, las ONG urgieron al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a revisar la idoneidad del perfil de Herrera Franco y, si no cumple con los requisitos constitucionales, retirar su candidatura «por representar un riesgo para la impartición de justicia y para los derechos humanos».

También demandaron que la Fiscalía y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) asuman las investigaciones de los asesinatos de los periodistas y las denuncias pendientes contra el exfiscal.

“Como sociedad, no podemos permitir que quienes cuentan con serias acusaciones de corrupción, violencia y complicidad con el crimen organizado intenten ser ahora los principales responsables de la impartición de justicia», alertaron.

Asimismo, avisaron de que este no es el único caso de aspirantes judiciales relacionados con el crimen organizado, delitos sexuales y contra la libertad de expresión, sin que hasta el momento las autoridades competentes revisen sus perfiles.

“Por la memoria de las y los periodistas asesinados, por la voz de las comunidades indígenas ignoradas y por la dignidad de nuestras instituciones», concluye el comunicado firmado también por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, Laboratorio Electoral, Politiklab, Práctica: Laboratorio para la Democracia, Mexiro y Observatorio Sonora por la Seguridad.

México se prepara para su primera elección popular del Poder Judicial el 1 de junio próximo, donde los ciudadanos elegirán entre más de 5 mil candidaturas para renovar 881 puestos judiciales, incluida la Suprema Corte de Justicia.