Escrito por el febrero 3, 2025

Expresidente Pedro Castillo será llevado a juicio por fallido golpe de Estado en Perú; proceso iniciará en marzo

El tribunal confirmó que las audiencias se realizarán de manera presencial y virtual desde la cárcel especial para expresidentes en las afueras de Lima

Lima.- El expresidente peruano Pedro Castillo, recluido en una cárcel de Lima, será sometido a juicio a partir del 4 de marzo, tras su fallido intento de golpe y disolver el Congreso en 2022, informó el lunes el Poder Judicial.

Castillo, de 55 años, se sentará al banquillo para responder en «juicio oral (…) como coautor del delito de rebelión y como autor de abuso de autoridad», indicó el Poder Judicial en la red social X.

El exmandatario de izquierda, quien gobernó entre 2021 y 2022, cumple 18 meses de prisión preventiva por pedido de la fiscalía, que lo acusa de intentar un «golpe de Estado». El organismo pide una condena de 34 años de prisión.

El tribunal confirmó que las audiencias se realizarán de manera presencial y virtual desde la cárcel especial para expresidentes en las afueras de Lima.

Fallido golpe

Al exmandatario izquierdista lo capturaron el 7 de diciembre de 2022, cuando fracasó en su intento de disolver el Congreso y gobernar por decreto.

«Nunca me levanté en armas», alegó Castillo en audiencias ante magistrados, al indicar que su pedido de disolver el Congreso no se consumó porque las fuerzas armadas no acataron sus órdenes.

Según el exgobernante, lo removieron del cargo en el marco de una supuesta conspiración política entre el Congreso, de mayoría opositora y la fiscalía. Castillo fracasó en su plan para disolver el Legislativo cuando lo investigaban por presunta corrupción.

A Castillo, lo eligieron en 2021 para gobernar hasta 2026, lo destituyeron cuando llevaba 17 meses en el poder.

Su vicepresidenta, Dina Boluarte, asumió el cargo en medio de manifestaciones que exigían su renuncia, el cierre del Congreso y el adelanto de elecciones.

La policía y los militares reprimieron las protestas. Cincuenta civiles murieron presuntamente a manos de los uniformados, lo que derivó en una investigación penal contra Boluarte.


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