Denuncia juez al INE ante la FGR

Juez federal de Colima denunció ante FGR e impuso nueva multa a cada uno de los 11 consejeros del INE por no detener la elección judicial

Ciudad de México.- Un juez federal denunció penalmente ante la Fiscalía General de la República (FGR) a los 11 consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) por desacato, además de que les impuso una nueva multa de 54 mil 285 pesos y les dio 24 horas para frenar el proceso electoral extraordinario para elegir jueces, magistrados y ministros de 2025.

Francisco García Contreras, juez Segundo de Distrito en el estado de Colima, publicó un acuerdo en el que señaló que el INE ha sido renuente a acatar la resolución judicial dictada, por lo que la FGR debe investigar el asunto.

“Toda vez que en la autoridad responsable ha sido renuente en acatar la suspensión decretada por este juzgador; por tanto, dese vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al juzgado, con copia autorizada del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo en que se actúa, a fin de que se realicen las investigaciones pertinentes en relación al delito previsto en la fracción III del artículo 262 de la Ley de Amparo, al ser su proceder, el de desobedecer la suspensión provisional concedida por este juzgador; no obstante se le ha requerido en diversas ocasiones y se le ha apercibido de que incurriría en la conducta prevista en el numeral antes señalado”, indicó.

El mencionado artículo establece una pena de tres a nueve años de prisión, multa de 50 a 500 días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a quien no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado.

Asimismo, ordenó girar un oficio al Administrador Desconcentrado de Recaudación de Ciudad de México “1”, para hacer efectiva la sanción pecuniaria, misma que deberá acreditar haberla ejecutado, dentro de los tres días siguientes al en que se notifique la determinación.

“Apercibido que de no acatar lo ordenado, se le impondrá multa de 50 unidades de medida y actualización, que corresponden a 5 mil 428 pesos. Además, hágase de su conocimiento que los nombres de las personas a quien se hizo efectivo el medio de apremio ordenado en el presente incidente, corresponden a los consejeros y consejeras electorales del Instituto Nacional Electoral…”, menciona el acuerdo.

García Contreras requirió nuevamente al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, para que en el plazo de 24 horas contadas a partir de que quede debidamente notificado, acredite mediante las documentales o videograbaciones que ha acatado los efectos de la suspensión provisional concedida en septiembre de este año.

Cabe mencionar que, hace unos días el Servicio de Administración Tributaria (SAT) solicitó información de cada uno de los 11 consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) para llevar a cabo el cobro de la primera multa que asciende a 54 mil 285 pesos de multa que se les impuso por no acatar la suspensión.

INE, sin recursos ni capacidad para elección judicial: magistrados y jueces del PJF; acusan “juego perverso”

“El día que fracasen o el día que no sea el éxito que han pregonado, ¿a quién le van a echar la culpa? Al INE», dijo la magistrada Julia María del Carmen García

Magistrados y jueces del Poder Judicial Federal calificaron como un juego perverso para culpar al Instituto Nacional Electoral (INE) ante un posible fracaso en las elecciones para elegir a impartidores de justicia.

Durante la conferencia de este lunes, los juzgadores manifestaron que INE no tiene recursos ni capacidad para la elección judicial, advirtieron que es una crónica de un fracaso anunciado.

En su intervención la magistrada Julia María del Carmen García recordó que el INE ha manifestado no tener recursos suficientes.

“Pero además, insisto, hay quienes ven detrás de todo ello un juego perverso, porque el día que fracasen o el día que no sea el éxito que han pregonado por todos lados, ¿a quién le van a echar la culpa? Al INE, una institución ciudadana que ha servido como árbitro para organizar, contar votos, para llevar a cabo las elecciones. Y ese día (las autoridades) van a tener la posibilidad también, porque ya lo estaban haciendo, de cuestionar la eficacia y la pertinencia, la permanencia misma del INE”, expresó en conferencia de prensa.

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También señaló que para ciertas personas está la posibilidad que la Fiscalía General de la República (FGR) primero pida una orden de aprehensión porque sabe que hay elementos o al menos indicios probatorios suficientes para asumir que una persona ha cometido una conducta delictuosa y que posteriormente diga que no va a ejercitar esa acción.

“Por ejemplo, tenemos documentados dos o tres casos, es rarísimo que la Fiscalía realice acciones de este tipo, es decir, que primero lleve ante una persona juzgadora estos elementos y después diga que nos los tiene, que se equivocó.

“Tenemos documentado, por ejemplo, un caso de 18 militares en 2022 (relacionados con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa), el caso del senador Yunes (luego que la Fiscalía de Veracruz se desistió de la orden de aprehensión contra Miguel Ángel Yunes Márquez). Esto por lo menos genera indicios fuertes de que hay claros actos de corrupción”, precisó la magistrada.

Agregó que las personas comunes y corrientes tienen que estar litigando contra las Fiscalías y no contesta.

“Entonces las vías que tenemos para ello desde luego son los juicios de amparo para vencer estas resistencias y obligar a las Fiscalías a que se pronuncien al respecto”, indicó.

García abundó que en estos casos las Fiscalías de manera oficiosa, es decir, “motu proprio” tomaron esta decisión, “y desde luego llama la atención, porque la supuesta corrupción que se está tratando de combatir, en realidad se combate a través de actos mucho más claros de corrupción… Esto quiere decir que es un privilegio para unos cuantos y es un privilegio del que no gozaríamos la mayoría de las personas en este país”.

En tanto el magistrado Juan Carlos Ramírez explicó que en el caso de los 18 militares, la Fiscalía dio varios argumentos para dejar sin efecto la orden de aprehensión, entre ellos, se cuestionan los testimonios de personas quienes lo rindieron dentro de la investigación correspondiente e incluso se establece como una característica particular que son aislados y que no es suficiente para eventualmente sustentar un proceso ante el juzgador.

“Y lo dice expresamente el Ministerio Público (MP), incluso ante la posibilidad de eventualmente obtener un fallo adverso a los intereses de la propia institución ministerial, esos son en esencia los argumentos planteados para efecto del desistimiento y dejar sin efecto las órdenes de aprehensión solicitadas desde 2022 y que fueron obsequiadas en su momento por parte del juez de distrito atendiendo a ese marco probatorio que fue en su oportunidad ofrecido ante el MP”, puntualizó.