Por Virgilio Soberanis Rodríguez

CRISIS EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA 
DE CAMPECHE; ¿PRONTO RELEVO DE ABUD?

Sin lugar a dudas que la pasada edición del Martes del Jaguar puede significar el fin de la rectoría (la segunda que terminaría en pleito con el gobernador en turno y el obligado relevo del rector) del maestro José Alberto Abud Flores.

En la misma y tal como se había anunciado en las redes sociales, se exhibió al todavía rector de la Universidad Autónoma de Campeche, en actividades podría decirse políticas y que tienen como telón de fondo la presencia activa de partidos políticos opositores a Morena, tanto a nivel estatal como nacional, al parecer cobijados por José Alberto.

Se mostraron textos de WhatsApp y correos electrónicos en actividades abiertamente proselitistas y la participación de exfuncionarios universitarios, por lo que se le endilgó el epíteto de traidor al conocido académico, que al parecer ya soltó totalmente sus amarras con la 4T y no se ve por el momento ninguna posibilidad de diálogo entre la gobernadora, quien impulsó su llegada al puesto universitario más importante del Estado.

Ya nadie tiene duda de que los días del analista social están contados al frente de la rectoría de la UAC y que solo falta que se de luz verde al proceso sucesorio para que este se acelere y si no presenta su dimisión ante el Consejo Universitario, este puede retirarle su confianza y nombrar a un sustituto o sustituta.

Como se recordará, José Alberto fue impulsado a la rectoría por el entonces gobernador Jorge Salomón Azar García, pero chocó abiertamente con el sucesor de este, José Antonio González Curi, algunos decían que, por viejas rencillas de juventud, pero por lo que fuera, nunca fue de su agrado y le preparó su caída, que llenó de vergüenza a la comunidad universitaria ante la forma en que fue defenestrado José Alberto.

En el complot participaron, como autor intelectual el propio exmandatario estatal y como operadores en la jugarreta el entonces presidente estatal del PRI, Luis Sarmiento Villacís y el instrumentador insitu fue el entonces dirigente estudiantil universitario, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, a quien la comunidad estudiantil y los medios de comunicación bautizaron en esa ocasión como “Vandalito”, por la forma violenta en que se produjo la toma de la torre de la rectoría y la posterior defenestración de Abud Flores.

Quien apoyó en todo momento al rector destituido fue la propia Layda Elena, quien le dio su apoyo moral y el de sus seguidores, que formaron parte de la Resistencia del 97.

José Alberto se retiró a la Ciudad de México y fue arropado por sus excompañeros rectores, quienes lo impulsaron en todo momento y nunca lo dejaron solo, aunque poco pudieron hacer para que fuera restituido en sus derechos universitarios campechanos.

A la salida del Gobierno de José Antonio, su exvecino del barrio de San Román y condiscípulo en la secundaria del Instituto Campechano, su tocayo comenzó a verse con mayor frecuencia en la ciudad capital e inclusive retomó labores de investigación y análisis en la UAC.

En la campaña de Layda a la gubernatura del Estado tuvo amplia participación como asesor y consultor en temas educativos y al confirmarse el triunfo de esta y comenzar a organizarse el gabinete estatal, se le mencionó insistentemente como futuro secretario de Educación estatal, cargo que dicen los enterados que rechazó, pues su propósito era retornar por la puerta grande a la rectoría de la Universidad Autónoma de Campeche, lo cual consiguió.

Pero contrario a lo que se esperaba, su primer año al frente de la institución universitaria más importante de la Entidad se caracterizó por sus notorias ausencias de la capital del Estado, descuidando sus labores de dirección y administración, vacío de poder que fue llenado por sus cercanos colaboradores y asesores, que en la práctica se convirtieron en “rectorcitos” y la institución parecía un barco sin capitán.

Chocó abiertamente con el Sindicato del Personal Académico y estimuló y prohijó a otro sindicato que le disputó a Joaquín Berzunza y sus aliados la titularidad del contrato colectivo de trabajo, pero fracasó en el enfrentamiento interno y ello propició el estallamiento de una huelga magisterial y del Sindicato del personal administrativo y que lo dobló también, por lo que su fortaleza moral se desdibujó todavía más.

Luego vino el enfrentamiento abierto con el líder morenista de la Cámara de Diputados, y su aparente acercamiento a grupos políticos cercanos al PRI y a Movimiento Ciudadano, lo que se tradujo en un práctico rompimiento con la que se consideraba era su principal protectora y compañera de luchas Layda Elena Sansores San  Román, quien en el pasado Martes del Jaguar prácticamente le retiró su apoyo político y moral, por lo que se augura su segunda salida de la rectoría de la Universidad Autónoma de Campeche.

Como podrán suponerse han comenzado a sonar nombres para sucederlo. En primer sitio, por su amplio curriculum universitario, que se remonta a los años de la primigenia Universidad del Sudeste, donde fue distinguido colaborador del Lic. Guillermo González Galera, destaca el Lic. Manuel Enrique Pino Castilla, actual director del ISSSTECAM, donde ha realizado una ejemplar labor poniendo orden en esta importante dependencia estatal. Pino, como se le conoce en el ámbito cultural, es autor de prolífica obra, especialmente de temas culturales e históricas, así como investigaciones sociales sobre nuestro Campeche.

Figuran también la Licda. Nelia del Pilar Pérez Curmina, quien ha hecho carrera como docente y directora en la Facultad de Ciencias Políticas y en la Derecho. Forma parte de la familia Pérez Cámara, quienes se distinguen en la judicatura campechana y en la política estatal.

Aunque no labora en la UAC, sí tiene amplia relación con el quehacer educativo, Nelly Margarita Duarte Quijano, sansorista de vieja cepa, desde los tiempos del patriarca de la familia, don Carlos Sansores Pérez. Es la actual directora del CECYTEC Estatal y única intocable del gabinete, según afirmó la propia Layda.

También hay que considerar a la Maestra Isla Cervera Echeverría, actual rectora del Instituto Campechano, quien está realizando una extraordinaria labor al frente del Benemérito Colegio y egresada también de la UAC.

Los siguientes días serán decisivos en el quehacer universitario y esperemos que las cosas no se compliquen y si se produce el ya anunciado relevo de José Alberto, todo sea en santa paz y los partidos políticos, todos, no metan sus manos en el proceso de relevo.

EN WASHINGTON SE DECIDIRA 
SI LA REFORMA JUDICIAL VA

Y no es porque haya ganado la elección presidencial de los Estados Unidos el expresidente Donald Trump, lo que indudablemente influirá en la política y la economía de nuestro país a partir de enero del próximo año. No. Sino porque México está bajo la evaluación del sistema de Estados Interamericanos por la polémica y controvertida reforma judicial que someterá a voto popular la selección de todos los jueces, iniciando el próximo año por los federales y en el 2027 por los estatales.

Las agrupaciones civiles de juzgadores federales, quienes paralizaron prácticamente las labores de los juzgados y tribunales colegiados de todo el Poder Judicial Federal, llevaron ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), la reforma oficialista, argumentando que atenta contra los derechos laborales de los funcionarios judiciales y contra la independencia en la impartición de justicia.

La primera audiencia entre las partes ocurrió el martes pasado en Washington y se argumenta que la última esperanza de quienes se oponen a la enmienda está depositada en los tribunales internacionales, luego de que la Suprema Corte de México, ante el chaqueteo del ministro Alberto Pérez Dayán, quien rompió la mayoría calificada de ocho ministros, desechó las impugnaciones a la reforma judicial y confirmó su validez.

Sin embargo se especula que por mucho que el asunto escale en el futuro hasta una recomendación o una sentencia condenatoria de la Corte Interamericana, es difícil que México esté en la disposición de acatarla, como ya lo dejó entrever la propia presidenta Claudia Sheinbaum, quien se alinea de esta manera con otros países que se niegan a acatar las sentencias de la Comisión, como son  Venezuela y Nicaragua y que podría impactar en la imagen de nuestro país en el mundo y podría afectar a nuestro país, sobre todo en materia de inversiones ante el temor de que no se respete el estado de derecho.

Como es de todos conocido, Morena ha descalificado tanto a la CIDH como a la Organización de los Estados Americanos (OEA), a los que considera instrumentos al servicio de las élites conservadoras.

El gobierno mexicano envió a la audiencia del martes pasado a Antonio Montero, director general de Consulta y Estudios Constitucionales de la Consejería Jurídica Presidencial, quien señaló que la reforma judicial es un “gran paso para democratizar al Poder Judicial” y dijo que, aunque México, aun siendo parte de la Comisión, tiene derecho a organizarse “como mejor le convenga” y de “legislar sobre sus intereses”.

Ante los jueces presentes en la audiencia, incluyendo al ministro de la Corte, Javier Láynez, acusó a los juzgadores mexicanos de “faltar a su deber de impartir justicia”, toda vez que han liberado a delincuentes comunes y peligrosos, a narcotraficantes, han dictado sentencias sin perspectivas de género, han legalizado el despojo de tierras de pueblos indígenas y está ampliamente documentado el nepotismo de los poderes judicial federal y de los estados.

Por su parte los integrantes de la CIDH plantearon a los representantes del gobierno mexicano sus preocupaciones en torno a la implementación de la reforma, preguntándoles si dicho proceso de forma fortalece la independencia, la imparcialidad y la efectividad del poder judicial. ¿Esta reforma en particular nos lleva ahí?, ha plantado Roberta Clarke, presidenta de la Comisión.

Y fue más allá: “Uno de los riesgos de este nuevo diseño en la susceptibilidad de las personas que van a ser electas a la influencia de la clase de dinero, las élites y la gente en el crimen organizado. ¿Cómo se responde a esta preocupación?, preguntó.

La también comisionada Andrea Pochak ha advertido que existe suficiente evidencia de procesos de elección de jueces similares en otros países, con “lecciones aprendidas”, pues hay riesgos de menor participación ciudadana en las elecciones, de que el sistema de elección popular quede paralizado por tensiones políticas partidarias.

Pochak dijo que el ánimo de democratizar al Poder Judicial no puede contravenir el principio de la independencia de los juzgadores y que tampoco puede basarse en la remoción colectiva de funcionarios judiciales, una de las principales críticas a la enmienda oficialista.

La comisionada preguntó a los representantes del gobierno mexicano cuál fue el diagnóstico que orientó la reforma, si el estudio preguntó a los representantes (diputados y senadores) mexicanos, cuál fue el diagnóstico que orientó la reforma; si el estudio es conocido y que investigaciones especializadas se tomaron en cuenta; por qué el estudio no incluyó a las fiscalías o a las defensorías públicas; cómo garantizar que juristas honestos se animen a competir y que la campaña para ser incluidos en la boleta electoral no implique negociaciones indebidas y como impactaría el “enorme costo económico” que tendrá la reforma en la promoción y garantía de los derechos económicos y culturales del pueblo.

El más duro en las críticas a la reforma judicial fue el comisionado Carlos Bernal, quien afirmó que es un “ejemplo de manual de constitucionalismo abusivo”, que tiene lugar cuando un gobierno intenta desmontar los controles al Ejecutivo, pues se ha visto en los autoritarismos de nuestro tiempo en el mundo entero y dijo que creía que el caso de México es de libro.

Bernal ha añadido que es “sospechoso”, que una fuerza política que ha arrasado en las urnas para la presidencia y el Congreso, como Morena, quiera someter al voto popular la elección de los jueces.

Por su lado, Antonio Moreno respondió a los cuestionamientos de la CIDH citando algunos aspectos de la forma, entre ellas que los nuevos jueces tendrán que capacitarse constantemente, que serán independientes porque no podrán recibir apoyo de los partidos para hacer campaña, que su permanencia al cargo está garantizada y criticó las medidas de resistencia de los funcionarios judiciales.

La CIDH continuará con las consultas a las partes antes de emitir una resolución, que sea cual sea, afectará la imagen del nuevo gobierno mexicano en el difícil entorno que se vivirá a partir de enero del 2025.

APLICA LA SUPREMA CORTE LA 
SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL

Y en tanto son peras o manzanas, se dio a conocer que el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Luis González Alcántara, desechó siete controversias contra la reforma judicial, al aplicar por primera vez la reforma conocida como supremacía constitucional, publicada el pasado 31 de octubre.

Por dicha reforma, los artículos 105 y 107 de la Constitución General de la República prohíben, de manera expresa, la presentación de controversias constitucionales, acciones y juicios de amparo para impugnar el contenido de la Carta Magna.

El ministro González Alcántara, uno de los siete opositores a la reforma judicial, señaló en su memorial de cuenta lo siguiente: “De la revisión de la demanda y sus anexos, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia, debido a que el decreto impugnado (la reforma judicial) no puede ser materia de este medio de control constitucional, al versar sobre reformas y adiciones a la Constitución federal”.

Lo anterior, al notificar el lunes pasado por la noche, el desechamiento de controversias contra la reforma judicial, presentadas a fines de octubre por los poderes judiciales de Guanajuato, Jalisco, Chihuahua y Michoacán, así como por las legislaturas de Chihuahua y Jalisco.

El 8 de octubre González Alcántara había admitido una controversia contra la misma reforma, que el gobernador panista de Guanajuato, Diego Sinhué Rodríguez, promovió antes de dejar su cargo el 26 de septiembre.

Esta controversia también fue desechada por el ministro, quien decretó su sobreseimiento, ya que la reforma de la supremacía constitucional es aplicable a todos los casos que se encontraban en trámite el 1 de noviembre cuando entró en vigor, esto es, le dieron efecto retroactivo.

Por cierto, y en lo que se estima una medida de carácter abiertamente político, los Congresos de los Estados tienen la opción de implementar hasta junio del año 2027 la elección de los jueces y magistrados de los tribunales locales, a diferencia de la justicia federal, donde 881 cargos serán renovados por voto popular en el año 2025.

El pasado e5 de noviembre, el Pleno de la Corte discutió un proyecto de González Alcántara que anulaba partes de la reforma judicial, y en ese momento la mayoría de los ministros consideró que la supremacía constitucional no aplicaba, porque esos juicios ya no estaban en trámite cuando fue aprobada.

Sin embargo, ante la defección de Alberto Dayán, el proyecto ya no tuvo los ocho votos necesarios para invalidar algún aspecto de la reforma judicial.

Actualmente el único expediente en trámite en la Corte relacionado con la reforma judicial es una controversia iniciada el 4 de octubre bajo el Artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, en la cual no está claro el alcance de las facultades de los ministros para pronunciarse al respecto.

La presentación de este proyecto le toca al ministro “virabuch” Alberto Pérez Dayán, quien como se recordará, el pasado 5 de noviembre fue el voto decisivo para desechar la propuesta de González Alcántara, argumentando que la Corte no puede revisar el contenido de la Constitución.

La Corte también tiene pendiente resolver si atrae quejas contra suspensiones otorgadas por jueces de Distrito, que han ordenado al INE detener los preparativos para la elección del 2023.

Al respecto la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, confirmó que el próximo 20 de noviembre se reanudarán los trabajos para llevar a cabo la elección de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por voto popular en 2025.

Taddei señaló, en conferencia de prensa, que, aunque existen desafíos jurídicos pendientes, el proceso no se detendrá. Explicó que el INE ya ha solicitado la desestimación de los recursos legales que ha recibido en torno a este proceso y han buscado el diálogo con el Tribunal Electoral, la Suprema Corte de Justicia y el Congreso de la Unión para asegurar los fondos y respaldos necesarios.

Por la reforma de la supremacía constitucional, algunos jueces han empezado a desechar los amparos de los que derivan las suspensiones definitivas.

FOCOS AMARILLOS QUE PUEDEN CAMBIAR 
DE COLOR POR VIOLENCIA EN LA ENTIDAD

Octubre y lo que va del mes de noviembre, se han convertido en meses en que la delincuencia, organizada o no, ha hecho de las suyas, cometiendo toda clase de agresiones y crímenes, sin que hasta el momento se hayan aclarado estos violentos hechos y detenido a los autores de los mismos.

Como comentó nuestro compañero de espacio editorial en NCS Diario, Roberto Oropeza Ortiz, en su gustada columna “La delgada línea”, en días pasados se registraron hechos que dan más miedo que cualquier historia de espantos. Y hace una relación de los mismos:

– El pasado fin de semana un hombre fue ejecutado en Champotón y apareció en un canal de una comunidad cercana. Al respecto la Fiscalía confirmó que hay dos detenidos por participar presuntamente en el homicidio.

– En Candelaria, fue asesinada en su rancho una persona.

– En la ciudad capital el pasado domingo se registraron detonaciones contra un domicilio del tranquilo barrio de San Román, que estarían conectados con una reciente posterior en la comunidad conurbada de Samulá y donde al menos hubo dos heridos por impactos de armas de fuego, uno de los cuales corre el riesgo de quedar paralítico.

– El martes por la madrugada en la colonia Fidel Velázquez, de esta ciudad capital, sicarios dejaron a dos personas más heridas de bala, graves. Lo anterior ocurrió en los andadores cercanos a la escuela primaria y el jardín de niños. También se reportaron ataques con armas de fuego contra una tienda en Ciudad del Carmen y en un domicilio de Escárcega.

Hasta aquí el recuento de los daños que nos dio a conocer Roberto. Pero como decía Raúl Velasco, aún hay más.

– En la comunidad de San Antonio Cárdenas, Municipio del Carmen, sicarios en motocicleta asesinaron a balazos a Jhony M.H. en la calle Miguel Hidalgo. Testigos refirieron que dos sujetos en una motocicleta de color amarillo le dispararon por lo menos en seis ocasiones, ocasionándole la muerte.

– El lunes pasado en menos de seis horas dos hombres fueron ejecutados en las colonias Santa Rita III y Volcanes de Ciudad del Carmen. Los dos crímenes fueron cometidos al estilo sicarial y las víctimas fueron identificadas como César A.A.C., de oficio “motomandaditos”, quien recibió cinco impactos de bala en Santa Rita III y Edilberto G.E., quien fue baleado en Volcanes, donde los asesinos dejaron una cartulina con amenazas.

– En Champotón, un vecino de la colonia Aserradero, se salvó de ser ultimado, cuando un par de sujetos en motocicleta se emparejó al vehículo en que viajaba en compañía de su esposa y le disparó en una ocasión. Para su buena fortuna la bala no le dio y se incrustó en la pared de su vivienda.

Sospechosamente el agredido se negó a colaborar en todo momento con los elementos de la Fiscalía General de Justicia que acudieron al lugar de los hechos, por lo que se sospecha de un ajuste de cuentas entre narcomenudistas.

– En octubre, un joven fue ultimado a balazos en la colonia Esperanza de la ciudad capital. Fue identificado como Roberto N.C.M., y fue asesinado por sujetos que se desplazaban en una motocicleta y le dieron alcance cuando conducía su vehículo en la calle 24. Este había sido amenazado por un presunto grupo criminal y le llamaron “Armando Concha” en una narcomanta colocada en la autopista Campeche-Champotón y en la avenida CTM, en la colonia Fidel Velázquez. Otras narcomantas fueron colocadas en la colonia Jardines y en el periférico Pablo García y Montilla, en el entronque de Chiná, las cuales fueron desestimadas por el fiscal general del Estado, Jackson Villacís Rosado.

– El 12 de octubre fueron asesinados un ciclista, en Ciudad del Carmen y un hombre en el anexo “Esperanza de vida”, en la colonia San Joaquín de esta ciudad, este último al estilo sicarial y que fue relacionado con el Cártel Pura Gente Nueva; un presunto homicida fue detenido por elementos de la Fiscalía estatal.

– Y el domingo 27 de octubre fue abatido a disparos Miguel P.M. “El Poncho”, en la carrera estatal Ciudad del Sol-La Joya, en el Municipio de Champotón. El hombre fue asesinado al estilo sicarial cuando conducía su motocicleta y lo acompañaba su esposa, G.M.R., quien resultó herida. La víctima fue relacionada con la venta de narcóticos. Con ese homicidio llegaron a seis los cometidos al estilo sicarial en octubre.

– Y en Escárcega, el conocido peluquero apodado “El Choky”, fue víctima de un atentado en su propio negocio. Víctor Valencia Félix salvó la vida de milagro, cuando un malandro entró a su local y disparó en dos ocasiones, hiriéndolo al parecer no de gravedad, pues fue conducido al hospital general de la localidad donde fue atendido. El lesionado, herido en un hombro y en el estómago, se recupera de sus lesiones, pero se dio su tiempo para difundir en las redes sociales la fotografía de quien le disparó en cinco ocasiones, sin que las autoridades lo hayan identificado y detenido. Los hechos ocurrieron el sábado 26 de octubre y días después, ya en noviembre, los presuntos agresores, quienes disfrutan de impunidad a pesar de haber sido identificado uno de ellos y difundido su perfil, retornaron al negocio “Imperio Barber Shop” y dispararon al menos en 12 ocasiones.

Los hechos ocurrieron el jueves 7 de noviembre y los agresores, según testigos, utilizaron un arma nueve milímetros y un rifle de asalto R-15 para disparar contra el local y luego huyeron a toda velocidad. Por supuesto no hubo ningún detenido.

Por último, en el fraccionamiento Santa Bárbara de esta ciudad, y apenas a las nueve de la mañana, un sujeto desconocido accionó un arma de fuego en la calle 2 del citado suburbio, muy cerca de donde ejecutaron a Roberto N.C.M.

Todos estos hechos obligan a replantear la estrategia de seguridad estatal y a coordinarse mejor las instituciones de prevención de delitos y procuración de justicia, para lograr resultados prepalpables, pues ya son preocupantes los delitos y la violencia de estos.

PREOCUPA EL INCREMENTO DE 
LOS CASOS DE SUICIDIO EN EL ESTADO

Aunque afortunadamente parece que este año disminuirán los casos de suicidio en la Entidad, si preocupa que en los últimos meses del año se estén incrementando estos, los que casi llegan a 70, en tanto que en el 2023 lamentablemente fueron 98, para un triste sexto lugar nacional en el índice de fallecimientos por esta causa.

Solamente la semana pasada tres personas decidieron poner fin a sus vidas por mano propia, una de ellas una adolescente de apenas 15 años de edad, en el Municipio de Calakmul. Los otros dos casos se produjeron en los Municipios de Hecelchakán y Carmen.

Las causas de estas fatales determinaciones son diversas, pero casi todas tienen que ver con problemas psicológicos, como la depresión, el mal del siglo o personales, como problemas maritales u amorosos e inclusive como ocurrió en Candelaria con una enfermera, por problemas económicos irresueltos.

Actualmente el número de suicidios asciende a 67 con los tres reportados líneas arriba. El número 64 ocurrió en Escárcega, donde un joven campesino de 28 años de edad decidió ahorcarse, la forma más habitual en nuestro medio de poner fin a la vida por voluntad propia.

En esta ciudad, afortunadamente se pudo evitar el fatal desenlace en dos casos más, uno de ellos en el barrio de Santa Ana, donde un hombre intentó acabar con su vida al interior de un taller mecánico, pero la oportuna intervención de sus familiares lo impidió.

El otro ocurrió en el barrio de San Román, donde una mujer de 37 años de edad y en condición de calle quiso terminar con su existencia arrojándose del balcón de un predio de dos pisos. Afortunadamente no logró su propósito y fue auxiliada y canalizada a un centro médico.

Pero lo más preocupante es el informe que rindió el Sistema Nacional de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), que detectó que 700 estudiantes de secundaria requerían atención especializada por sus ideas de suicidio, reveló Liliana Adame Amador, secretaria ejecutiva del Sistema.

Lo anterior se pudo detectar mediante un estudio que se realizó a 19 mil alumnos de secundarias generales, técnicas y telesecundarias.

De este elevado número, unos cuatro mil estudiantes registraron una ideación suicida y de estos, 700 tuvieron que sean canalizadas a las instancias especializadas de la Secretaría de Salud.

Los Municipios donde se tuvo el mayor número de estudiantes de secundaria con estas ideas fueron Campeche, Carmen y Candelaria.

Esto debe llevar a revalorar qué está ocurriendo en nuestro tejido social y porque tanto joven tiene esa mentalidad. Menuda tarea tiene enfrente nuestras autoridades educativas y de salud, así como las asociaciones de padres de familia.