Por Virgilio Soberanis Rodríguez

MARTES PARA NO OLVIDAR NI EN 
MEXICO NI EN ESTADOS UNIDOS

Tal como se comentó en los espacios editoriales de NCS Diario el martes pasado fue un día histórico tanto en México como en nuestro vecino, los Estados Unidos de América.

En el caso de nuestro país, un nuevo Judas, en este caso el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alberto Pérez Dayán, que hasta ese día se había mostrado como un defensor intachable del Poder Judicial Federal, se dobló (traicionó sus principios, dirían sus detractores) y se unió a la triada de magistradas nombradas por el innombrable en su sexenio para desestimar las acciones legales emprendidas contra la reforma judicial, lo que en términos llanos significa que continuará la 4T con la elección de jueces, magistrados de circuito y los ministros de la Corte, gracias al voto a favor del ministro, quien ya no puede ni acudir a sus oficinas porque es increpado por todos los empleados del PJF, quienes lo laman traidor, vendido y toda clase de epítetos que harían enrojecer de vergüenza a cualquier persona.

Como se informó oportunamente desde ese día, Pérez Dayán se posicionó en contra del proyecto dado a conocer por el ministro Juan Luis González Carranza, lo cual propició el rompimiento del bloque compacto de ocho ministros con los que esperaban obtener la mayoría calificada.

Como es del dominio público, el proyecto del ministro Alcántara Carrancá planteaba invalidar la elección de jueces por voto popular y en contra mantener la de ministros de la Corte y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y fue rechazado con siete votos a favor y cuatro en contra.

De esta manera Pérez Dayán pasó de la noche a la mañana de ser uno de los más fieros enemigos del expresidente AMLO a un héroe de la 4T, reconocido por la propia presidente Claudia Sheinbaum y halagado por Gerardo Fernández Noroña. Los elogios de este último lo deben llenar de vergüenza.

Cabe recordar que, en octubre del 2023, hace poco más de un año, en medio de la discusión de los 13 fideicomisos del Poder Judicial, el entonces presidente se lanzó en contra de Pérez Dayán, cuando se vio a este en la zona VIP del Gran Premio de México y con un reloj Rolex, supuestamente de dos millones de pesos, aunque nunca se pudo probar su costo.

Ante esto el ministro ironizó en esa ocasión con que vendería tamales, cuando Morena (que ha hecho de esta cantaleta su argumento favorito cuando no puede imponerse en un debate intelectual) lo amagó con iniciar un juicio político en su contra al emitir su voto de calidad en la Segunda Sala de la Suprema Corte, con lo que se echó abajo la reforma eléctrica del Peje. –

En aquella ocasión nuestro paisano y todavía senador y presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, salió en su defensa apasionada. Ahora, por el contrario, lo tildó de cobarde y traidor.

Dijo Alito al respecto en su cuenta de X: “La Suprema Corte de Justicia de la Nación acaba de desestimar las acciones de inconstitucionalidad en contra de la reforma al Poder Judicial, decisión notoriamente determinada por el repentino cambio de postura del cobarde ministro Alberto Pérez Dayán. Un traidor al pueblo de México que tiró su nombre al basurero de la historia”.

Por su parte Noroña expresó lo siguiente: “Larga vida (frase tradicional comunista) a Pérez Dayán, ministro de la Corte, que ayer, estando en contra de nuestra posición, estando en contra de los cambios constitucionales que llevamos a cabo dijo “yo no tengo ninguna atribución legal para echar atrás este marco constitucional”.

Pero, ¿quién es Alberto Pérez Dayán?

El actual ministro de la Corte cursó la licenciatura en Derecho en la Universidad católica La Salle, titulándose en 1984 con mención honorífica. Se especializó en Amparo en la Universidad Panamericana, de la organización católica Opus Dei y en el Instituto Mexicano del Amparo y en Derecho Constitucional y Administrativo.

También estudió la Maestría en Derecho y el Doctorado en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde obtuvo el grado de Doctor en Derecho en 1992 con la tesis Teoría General del Acto Administrativo, recibiendo mención honorífica.

Ha sido profesor de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Yucatán, del Instituto de la Judicatura Federal y de la Universidad Panamericana (Campus Guadalajara). Es autor de los libros Ley de Amparo y su jurisprudencia y Teoría General del Acto Administrativo, además de diversos artículos monográficos publicados en revistas y compilaciones de carácter jurídico.

Respecto de su carrera judicial, fue Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán y Quinto de Distrito de materia penal en el Distrito Federal. Magistrado en diversos Tribunales Colegiados de Circuito y el 22 de noviembre del 2012 el Senado de la República lo designó ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quedando adscrito a la Segunda Sala del Alto Tribunal.

Toda esa excelente carreta judicial la echó al cesto de la basura y hoy solo recibe el repudio de sus compañeros de carrera judicial.

LOS TRABAJADORES DEL PJF 
REGRESARON A LABORAR

Después de la defección de Pérez Dayán y al aprobarse por la Corte prácticamente la reforma judicial, al no lograr la mayoría calificada para analizar el proyecto del ministro Juan Luis González Carrancá, los trabajadores del Poder Judicial de la Federación regresar a laborar “bajo protesta”, ya que no están de acuerdo con el lineamiento del Consejo de la Judicatura, ya copado por la 4 T, ni con la reformar judicial, manifestó Ricardo Fragoso Becerra, secretario de Acuerdos de un Juzgado de Distrito de la ciudad de San Francisco de Cam peche.

Aclaró que la reincorporación a los tribunales laborales federales, Juzgados de Distrito en todo el Estado (son tres), el Tribunal Unitario de Circuito y el Tribunal Colegiado de Circuito, es para no entorpecer el trabajo al interior de estas oficinas judiciales, aunque aclaró que nunca dejaron de trabajar, pero que decidieron retornar a sus centros de labores para desahogar todos los trámites judiciales que estaban acumulándose.

Reiteró que reincorporarse a sus oficinas no implica que los trabajadores del Poder Judicial Federal estén de acuerdo con las decisiones tomadas por los legisladores federales al aprobar la llamada reforma judicial, pero señaló que tampoco pretenden afectar a la sociedad campechana, en lo particular, con el cierre de los Juzgados de Distrito.

Por otra parte, durante una reunión informativa en el área del Ángel Maya, ubicado en el malecón de la ciudad capital, los trabajadores del PJF explicaron a los asistentes los motivos por los cuales suspendieron temporalmente sus labores y las razones de su inconformidad.

Aunque el paro en la Entidad ya ha finalizado y han retornado a sus actividades habituales, aseguraron que seguirán manifestándose, debido a que persisten sus desacuerdos con la reciente reforma al Poder Judicial.

Al respecto Lucía del Socorro Huerdo, jueza de Distrito en materia laboral, afirmó que la publicación de la reforma en el Diario Oficial de la Federación, a pesar de las suspensiones que obligaban a la presidente Claudia Sheinbaum y al director del DIF, a suspender su publicación, que establece que ministros, magistrados y jueces de Distrito deberán ser elegidos por voto popular, representa una amenaza a los derechos laborales de quienes conforman la carrera judicial.

Explicó que antes de dicha reforma los cargos judiciales se otorgaban a través de concursos de oposición, priorizando el conocimiento técnico y jurídico sobre la presunta popularidad de los aspirantes a integrar el Poder Judicial de la Federación o las campañas electorales que deberán realizar estos, presuntamente con apoyo de los distintos partidos políticos, especialmente Morena.

Subrayó que con la reforma los nuevos jueces podrían estar más comprometidos con sus electores y quienes promuevan sus candidaturas, lo que podría comprometer la imparcialidad y la independencia de la justicia. Esta situación, señaló, podría generar el riesgo de que los jueces prioricen la simpatía popular sobre la correcta impartición de justicia, lo que afectaría la confianza de la sociedad mexicana en el sistema judicial.

Hizo notar que más de 800 jueces y magistrados, elegidos previamente por sus conocimientos jurídicos, serán sustituidos en junio del 2025 a través de un proceso electoral que nunca se ha realizado y que nadie sabe ni tiene la menor idea de cómo se va a realizar.

Los trabajadores del PJF hicieron hincapié en que, a pesar de su paro de protesta, nunca dejaron de tramitar y resolver los asuntos urgentes, como aquellos que implican riesgos para la libertad, la salud, el medio ambiente y los derechos familiares.

La juez Huerdo reiteró que continuarán expresando su rechazo a la reforma judicial, la cual, consideran, afecta directamente a quienes buscan justicia en el país.

Por su parte el magistrado José Díaz Pereira, del Tribunal de Apelaciones, precisó que los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación ya comenzaron a laborar, aunque cada organismo determina cuando inician los plazos de sus audiencias.

En el caso particular del Tribunal de Apelaciones, indicó que a partir del cuatro de noviembre comenzarán a correr los plazos y apuntó que los litigantes y el foro judicial deberán consultar en el Tribunal Laboral y en los Juzgados de Distrito cuando inician los plazos de sus procedimientos jurídicos y audiencias.

También subrayó que pese al paro de labores de los trabajadores desde el pasado 19 de agosto, ninguno de los órganos jurisdiccionales dejó de laborar, ya que estuvieron resolviendo los temas administrativos y los asuntos de suma urgencia, como las cuestiones de patrimonio, salud, libertades o derechos humanos.

EL CONGRESO ESTATAL APROBO LA 
“SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL”

Con 18 votos a favor y 15 en contra, votación sumamente cerrada, Campeche fue el Estado número ocho en aprobar el proyecto de decreto de impugnabilidad de la Constitución Federal, conocido como “supremacía constitucional”.

Lo anterior ocurrió después de un debate que duró más de una hora, en el que participaron diputados de Movimiento Ciudadano, Morena y el Revolucionario Institucional, en el que al final se dio la aprobación por mayoría de los legisladores del partido guinda y del Verde, ya que las dos diputadas del Partido del Trabajo estuvieron ausentes en esta votación.

Mientras transcurría la agitada sesión, al interior del salón de sesiones del Congreso estatal no dejaban de escucharse los gritos de protesta contra la aprobación de la citada reforma, especialmente de los trabajadores en paro del Poder Judicial Federal.

La reforma aprobada establece que son improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a la Constitución; además que en una total aberración jurídica establece que “no procederá el juicio de amparo contra adiciones o reformas a la Constitución”, en una vuelta a leyes del siglo XIX, cuando el Centralismo era gobierno en el país.

Esta reforma, conocida como “la supremacía constitucional”, fue impulsada por la aplanadora de Morena en las Cámaras federales y los Congresos locales donde tiene mayoría y en un proceso fast track quedó incorporado al maltrecho texto constitucional, que tiene más adiciones y modificaciones que la ropa de un pordiosero.

Sobre este tema, Francisco Portela Chaparro, presidente del Colegio de Profesionales en Derecho del Estado de Campeche y la dirigente estatal del PRI, Ariana Rejón Lara, coincidieron en que la aprobación en el Congreso de la Unión y el Congreso del Estado de la “supremacía constitucional” es un paso a un régimen autoritario y violenta los derechos humanos.

Portela Chaparro se fue hasta la cocina y calificó esta aprobación como un paso hacia un Estado comunista, donde la voluntad del Ejecutivo podría prevalecer sobre los otros dos poderes del Estado. Lamentó que las próximas elecciones de jueces y magistrados se conviertan una caricatura.

Considera que esta reforma actúa como un “candado” a las libertades de los mexicanos, al eliminar la protección del Poder Judicial, lo que representa una amenaza a la seguridad de los ciudadanos.

Por su parte la diputada federal y actual dirigente estatal priista calificó la situación de grave y señaló que la libertad de expresión, el libre tránsito y la protección del patrimonio de las personas están en riesgo y describió la reforma como tirana y autoritaria, además que la consideró como una venganza del partido Morena contra el Poder Judicial, además que la eliminación de los contrapesos jurídicos es un paso hacia la dictadura y un atentado contra la Constitución.

ALITO ESCUCHA PASOS EN LA 
AZOTEA; PODRIAN DESAFORARLO

Luego de su enfrentamiento casi a golpes con Gerardo Noroña, el impresentable actual presidente de la Cámara de Senadores, el todavía senador de la República y presidente de los restos del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno Cárdenas, vio que se reviviera su proceso de desafuero en la Cámara de Diputados.

Echado para adelante, como es su belicoso estilo, nuestro paisano y exgobernador de Campeche, dijo que ante la instalación de la Comisión Instructora que analizará su desafuero en la Cámara de Diputados, dijo a la bancada morenista que “felizmente voy a esperar que presenten el desafuero y los voy a enfrentar con la Constitución y los voy a exhibir”.

Lo anterior ocurrió durante una conferencia de prensa y consideró que hay un “embate brutal en su contra “y dijo lo siguiente: “En los últimos cinco años, a mi no me doblaron, a mi no me echaron para atrás y yo jamás me voy a echar para atrás. Si defender la democracia hace que éstos quieran presentar un desafuero, que lo hagan”.

Para Alito los legisladores de la bancada oficialista son unos “fascistas” y “autoritarios”, aparte de que quieren terminar con el régimen democrático de México”. Ni nos asustan ni nos echan para atrás y vamos a defender el régimen democrático de nuestro país; ahí confirmarían que lo que quieren es una dictadura, enfatizó.

Por otra parte, en el Diario Oficial de la Federación fue publicado el decreto para instalar la Comisión Instructora en la Cámara de Diputados, órgano que dará seguimiento a los casos de desafuero y político en contra funcionarios, entre los que destacan “Alito” Moreno y Lorenzo Córdoba, exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral (UBE), es decir, quienes se opusieron de alguna manera al expresidente López Obrador.

La Comisión Instructora será presidida por Hugo Eric Flores, diputado de Morena, mientras que los secretarios son: Adriana Belinda Quiroz, Germán Martínez Cazares y Raúl Bolaños Cacho Cué. El calendario de sesiones es el siguiente: 7 de noviembre, 5 de diciembre, 9 de enero, 6 de febrero, l6 de marzo, 3 de abril, 8 de mayo, 5 de junio, 3 de julio y 7 de agosto.

Los mil 200 casos acumulados serán abordados tanto por la Comisión Instructora como la Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados, entre los que se encuentran casos contra los jueces y ministros que fueron denunciados por Morena y sus aliados por oponerse a la Reforma Judicial y a la elección de jueces y ministros. La represión en pleno, pues.

Sobre el caso Alito, el fiscal Anticorrupción estatal, Loreto Verdejo Villacís, afirmó que todavía no han recibido notificación alguna de la Cámara de Diputados federal, pero que están en la mejor disposición de colaborar con el juicio de procedencia para retirar el fuero al todavía senador de la República, Alejandro Moreno Cárdenas.

Señaló que desde el 17 de agosto del 2022 realizaron la solicitud del juicio de procedencia, el cual fue radicado en la Sección Instructora de la Cámara de Diputados y desde esa fecha no han recibido alguna solicitud o notificación, pero que se encuentran listos para continuar con las investigaciones penales y el procedimiento correspondiente.

Dijo que los delitos por los que integraron la carpeta de investigación son por lechos de corrupción y enriquecimiento ilícito y hasta el momento no se ha llevado ninguna otra diligencia judicial y están en espera de que haya una respuesta a la solicitud de procedencia.

Por último, Gerardo Fernández Noroña, actual presidente del Senado, dijo que Alito no es que esté tranquilo porque haya impunidad, sino que resultó ser un cínico, tras señalar que se decía tranquilo de no ir a juicio político, pero porque hay una larga lista de por lo menos 512 solicitudes en el Senado. E ironizó: por esto está muy tranquilo Alejandro Moreno diciendo “no a mí no me va a pasar nada, antes de que lleguen a 512 yo ya estoy cuidan do a mis nietos”.

Fernández Noroña dijo que existe una lista de solicitud de desafuero y que será revisada por antigüedad. Es como dicen, primero en tiempo, primero en derecho y por lo primero tienen que desahogar las más antiguas solicitudes, hay 512 y yo tengo la impresión de que Alejandro Moreno debió haber sido de dos o tres años, pues la citada solicitud de desafuero del dirigente del PRI proviene del entonces fiscal de Campeche, Renato Sales Heredia.