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Apoyos Bienestar, derecho constitucional

La reforma

En la víspera del Día de Muertos, los diputados de la LXV Legislatura del Congreso de Estado de Campeche, aprobaron por unanimidad el decreto por el que se adicionan los artículos 4° y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Bienestar, remitida por el Congreso de la Unión.

A las 12:57 de la noche, desde la sede del Poder Legislativo fue instaurado el derecho reformador como un acto de justicia social y amor por el pueblo, para que todos disfruten de los servicios básicos, acceso a oportunidades, servicios de salud, vivienda digna, apoyos anuales para campesinos y pescadores, incluyendo pensión a los adultos mayores y con discapacidad.

Con 0 votos en contra y 33 a favor, los legisladores campechanos le hicieron honor al “pueblo sabio y bueno”, que en la pasada elección les depositaron su confianza.

Recordemos que en la Entidad, de acuerdo al padrón federal, aproximadamente 82 mil adultos mayores reciben su apoyo bimestral y 15 mil en condición de discapacidad.

Ahora cada Estado deberá garantizar los recursos necesarios para que las personas con discapacidad permanente y los adultos mayores de 65 años cuenten con una pensión. Dichos recursos no podrán ser menores con respecto al año anterior, conforme a los principios de progresividad y no regresión.

El decreto aprobado por los diputados en la Novena Sesión Ordinaria, no provocó ningún berrinche de las bancadas tricolor y naranja contra la bancada morenista, que encabeza el diputado presidente Antonio Jiménez Gutiérrez, electo coordinador por tres años más. Todos al unísono levantaron la mano como una forma de admitir su beneplácito por las ayudas que, de ahora en adelante, recibirán los ciudadanos por mandato constitucional. Y, quién podría enojarse por semejante promesa cumplida, si por muchos años los abuelitos y los discapacitados se conformaron con recibir migajas y hoy, se les retribuye lo que por mucho tiempo les fue regateado.

El debate

Lo que sí volvió áspero el ambiente fue el proyecto de reforma sobre “Inimpugnabilidad de las Adiciones”, con lo cual, las modificaciones constitucionales no podrán ser impugnadas y menos invalidadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y otras instancias.

Además, no procederá el juicio de amparo contra adiciones o cambios a la Constitución. Es decir, toda modificación estará exenta de revisión y ningún juzgado podrá echarla para atrás.

Por más de dos horas, diputados del PRI, Movimiento Ciudadano y de Morena, debatieron expresando distintos argumentos: los tricolores y naranjas hablaron de un retroceso, su impacto en la división de poderes y en los mecanismos de control judicial, y la calificaron de violatoria a la Carta Magna; por su parte, los diputados morenistas, defendieron el decreto a capa y espada, reiterando el señalamiento a los privilegios de los jueces y el sistema judicial, que todavía presenta resistencia.

La bancada guinda fundamentó su aprobación como un blindaje a fin de proteger la Constitución, dar certeza jurídica en favor de los mexicanos, preservando el legado del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y la instauración del segundo piso de la Cuarta Transformación, que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Luego de una ríspida discusión, finalmente con 15 votos en contra y 18 a favor, la reforma fue aprobada sumándose el Congreso del Estado a la lista de las 32 Cámaras estatales que dieron su visto bueno y en menos de 48 horas fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Pemex y CFE vuelven a ser empresas públicas

Al intenso cabildeo en el Congreso de la Unión, se suma la publicación en el DOF del decreto en el que se cambian los artículos 25, 27 y 28 en relativo a las áreas y compañías estratégicas, con lo cual Petróleos Mexicanos (Pemex), y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), vuelven a ser empresas públicas, gracias a la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

El Gobierno Federal recupera el control sobre el sector energético, es decir, la potestad sobre la gestión y administración del petróleo, la electricidad, el litio y la energía nuclear, por encima de las empresas privadas.

En pocas palabras, se revierten algunas disposiciones impulsadas por el expresidente Enrique Peña Nieto, en 2013 cuando abrió la puerta a empresas privadas para la explotación de los yacimientos petroleros. En 1999 el expresidente Ernesto Zedillo, hizo lo propio con su propuesta de privatización.

Hoy, ambas empresas vuelven a ser administradas por el Estado, luego de casi perderse esta facultad y se consuma la perspectiva del expresidente Andrés Manuel López Obrador, de darle mayor control estatal a la industria eléctrica y petroquímica.

Conclusión

Los apoyos del Bienestar, ya están consagrados en la Carta Magna, a fin de devolver la dignidad a los grupos vulnerables. Nadie podrá hacer uso faccioso ni condicionarlos en tiempos electorales.

Por el contrario, estas ayudas económicas han influido en la disminución de las carencias básicas, tal y como lo informó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval); entre el 2018 y 2022, alrededor de 5.1 millones de personas salieron de la pobreza, debido a los apoyos recibidos, el aumento al salario mínimo y los programas sociales; se reportan alrededor de 11 mil del ámbito municipal y 121 del orden federal.

Lo anterior, nos da una idea del trabajo que se viene realizando desde la política gubernamental.

En lo que se refiere a la rectoría del Estado en el sector energético, la nacionalización ya es una realidad. Con ello, cristaliza la visión del expresidente Andrés Manuel López Obrador, de recuperar la soberanía energética, pero, sobre todo, devolver al país su estatus frente a las nuevas reglas del Tratado de Libre Comercio.

Amor con amor se paga.

Pemex y la CFE vuelven a ser del pueblo.