Condenan a un cardenal por fraude en el “juicio del siglo”

El cardenal Angelo Becciu pago miles de euros a una mujer supuestamente experta en inteligencia

Ciudad del Vaticano.- El tribunal del Vaticano declaró el miércoles que condenó a un cardenal por fraude agravado y otros cargos debido a su «comportamiento objetivamente inexplicable» al pagar más de medio millón de euros del Vaticano a una mujer que se describía como analista de inteligencia, que luego gastó ese dinero en artículos de lujo y vacaciones.

El tribunal de la ciudad estado publicó 816 páginas de motivaciones escritas de sus veredictos del 16 de diciembre en el llamado «juicio del siglo» del Vaticano. El juicio a 10 personas, que se prolongó dos años, surgió de la inversión de 350 millones de euros de la Santa Sede en una propiedad en Londres, pero se amplió para incluir otros movimientos financieros.

El cardenal Angelo Becciu, un cardenal que fue muy influyente y ocupó el puesto número 3, o «sustituto», en la secretaría de Estado del Vaticano, fue el más destacado de los nueve condenados. Enfrenta cinco años y medio de prisión tras ser condenado por malversación, fraude y otros cargos.

Él y los otros ocho acusados han anunciado apelaciones, al igual que el fiscal del Vaticano. Con las explicaciones escritas del tribunal ahora presentadas (casi un año después de que se dictaran las condenas) ambas partes pueden elaborar la base de sus apelaciones.

El juicio se centró en la participación de la secretaría de Estado del Vaticano en un fondo para convertir un antiguo almacén de Harrod’s en apartamentos de lujo. Los fiscales alegaron que monseñores e intermediarios del Vaticano despojaron a la Santa Sede de decenas de millones de euros en honorarios y comisiones y luego extorsionaron al Vaticano para que pagara 15 millones de euros a cambio del control del edificio.

Becciu fue condenado por malversación derivada de la inversión original del Vaticano de 200 millones de euros en el fondo que invirtió en la propiedad de Londres. El tribunal determinó que el derecho canónico prohibía usar los activos de la Iglesia en una inversión tan especulativa.

Becciu también fue condenado por fraude agravado por su papel en el pago de 575 mil euros del Vaticano a una mujer de su Sardinia natal que se presentaba como experta en inteligencia, Cecilia Marogna. Él había dicho que los pagos fueron autorizados por el papa Francisco como rescate para liberar a una monja colombiana retenida por milicianos vinculados a Al Qaeda en Mali.

La investigación mostró, sin embargo, que Becciu básicamente facturó doble al Vaticano, con la misma cantidad de dinero enviada a una firma de seguridad británica que sí tenía experiencia en liberar rehenes. La monja fue posteriormente liberada, pero no hay indicios de que Marogna tuviera algo que ver con ello, señaló el tribunal.

El tribunal, encabezado por el juez Giuseppe Pignatone, dijo que Becciu nunca proporcionó una explicación razonable de por qué le pagó a Marogna la misma cantidad de dinero o por qué nunca le pidió actualizaciones sobre sus supuestos esfuerzos para liberar a la monja.

Incluso cuando los gendarmes del Vaticano le informaron que Marogna había gastado el dinero del Vaticano en vacaciones de lujo y compras en Prada, Becciu no presentó una denuncia ante los fiscales ni se distanció de Marogna. En lugar de eso, continuaron comunicándose a través de un amigo de la familia.

«Un comportamiento objetivamente inexplicable, más aún para alguien en una posición como la del acusado, un cardenal prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos y durante siete años el sustituto en la secretaría de Estado, quien durante un largo periodo gozó de la plena confianza del papa», escribió el tribunal. «Un comportamiento, además, que el acusado nunca ha explicado de ninguna manera».

Marogna, por su parte, fue juzgada en ausencia y proporcionó explicaciones contradictorias e inconclusas en su defensa escrita, dijo el tribunal. Ella también fue condenada y sentenciada a tres años y nueve meses de prisión.

La mayor parte de las motivaciones escritas se dedicaron a descifrar las complicadas transacciones en torno a la operación en Londres. El texto también repitió el rechazo previo del tribunal a los argumentos de la defensa de que el juicio en sí fue fundamentalmente injusto.

El Vaticano pide agilizar la destitución de sacerdotes acusados de abuso; propone crear figura del “defensor del pueblo”

En un paso adelante en contra del flagelo de los abusos sexuales, de conciencia y de poder, que mancharon como nunca la credibilidad de la Iglesia, la Pontificia Comisión para la Tutela de Menores (PCTM), creada hace 10 años por el papa Francisco, presentó su primer informe anual sobre las iniciativas que se han puesto en marcha en torno de este tema, algo sin precedente.

En un documento de casi 100 páginas, por primera vez pintó un cuadro de la situación en todo el mundo, destacando carencias y fortalezas y, al margen de reconocer que “aún queda mucho por hacer” para que se instaure en la Iglesia una cultura de prevención en todos los niveles, planteó varias necesidades puntuales.

Pidió agilizar la destitución de sacerdotes acusados de abusos, más rendición de cuentas y transparencia, que las víctimas tengan acceso a la información sobre los casos que los afectan y una reparación no sólo económica y hasta propuso la figura de un “defensor del pueblo” u “ombudsman” para que los defiendan.

El informe, que había sido pedido por el papa Francisco para que hubiera una revisión de la implementación de las políticas puestas en marcha, o no, en todo el mundo, planteó “la necesidad de una determinación clara de la jurisdicción de los distintos dicasterios de la Curia Romana, buscando asegurar una gestión eficaz, oportuna y rigurosa de los casos de abuso sexual, remitidos a la Santa Sede”. Además, observó “la necesidad de un proceso simplificado, cuando esté justificado, para la dimisión o destitución de un líder de la Iglesia”.

El informe, una gran novedad, fue presentado en el Vaticano por el cardenal Sean O’Malley, presidente de la PCTM y arzobispo de Boston, una de las diócesis más golpeadas en Estados Unidos por el escándalo de abusos y por eso con gran experiencia en el tema, junto a su número dos, el arzobispo Luis Manuel Alí Herrera, obispo auxiliar de Bogotá, nuevo secretario de la misma comisión y algunos de sus miembros.

Ambos señalaron que este primer informe fue fruto de los 10 años de trabajo de esta comisión que, sin bien encontró dificultades y fuertes resistencias, pudo avanzar. “Trabajo desde hace 10 años en la comisión, he visto resistencias no sólo en la curia romana, en el Vaticano, sino también en muchas Iglesias a nivel local, y ver esta resistencia me ha impactado, pero he visto cambios significativos en estos diez años, como por ejemplo hay más apertura ahora en los dicasterios del Vaticano”, dijo Alí Herrera. “Sí, ciertamente aún falta mucho, pero algo está cambiando”, agregó.