Planes ambiciosos pero poco dinero para lograr sus objetivos

Por Eduardo Ruiz Healy

Antier, en la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum, tres altos funcionarios de su gobierno presentaron ambiciosos planes para el sector agrícola y alimentario.

Julio Berdegué, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, destacó cuatro ejes principales: bienestar rural, aumento de la producción, gestión del agua y sostenibilidad. Anunció la continuación de programas como Sembrando Vida y Producción para el Bienestar, y presentó “Cosechando Soberanía”, enfocado en mil 200 Municipios con alta pobreza. Enfatizó la meta de autosuficiencia en maíz blanco no transgénico y frijol y de reducir el precio de la tortilla hasta un 10% en términos reales durante el sexenio.

María Luisa Albores González, directora general de Segalmex, Diconsa y Liconsa, presentó la fusión de Segalmex con tiendas Diconsa para formar “Alimentación para el Bienestar”. Este programa operará más de 24,000 tiendas en todo el país, ofreciendo maíz a seis pesos/kg y frijol a 35 pesos/kg. Anunció una nueva área para transformar productos como cacao, café y miel, apoyando a pequeños productores. Las tiendas Diconsa ahora serán tiendas Bienestar.

Leonel Cota Montaño, Subsecretario de Agricultura y Desarrollo Rural, anuncio que Liconsa aumentará su cobertura de 6.3 millones a 7 millones de beneficiarios para 2025 y a 10 millones para 2030. Anunció la construcción de una nueva planta pasteurizadora en Campeche, la reactivación de una planta de secado en Michoacán y la instalación de 14 nuevos centros de acopio en Chihuahua.

Sin embargo, estos planes enfrentarán estos desafíos presupuestarios significativos en 2025: 1. Reducción del gasto programable en casi 579 mil millones de pesos (12.1% en términos reales); 2. Reducción del déficit presupuestario del 5% al 2.5% del PIB; 3. Rigidez en el 67% del gasto público debido a compromisos legales, constitucionales o contractuales, incluyendo rubros como deuda pública, pensiones, participaciones a Estados y Municipios, nómina pública y programas sociales establecidos por ley; 4. Compromisos con programas sociales existentes que absorberán unos 700 mil millones de pesos; 5. Apoyos a Pemex estimados en 200 mil millones de pesos, y; 6. Necesidades en sectores prioritarios como salud, educación y seguridad pública.

La factibilidad de alcanzar las metas propuestas dependerá en gran medida de cómo se manejen estos desafíos financieros. Es probable que algunos programas deban ser redimensionados o implementados de manera gradual. La expansión de Liconsa, por ejemplo, podría enfrentar retrasos o ajustes en su escala. Las inversiones en nuevas infraestructuras, como plantas pasteurizadoras y centros de acopio, podrían requerir una implementación por fases.

Para aumentar la viabilidad de estos planes, el gobierno necesitará: 1. Priorizar rigurosamente los programas más esenciales y de mayor impacto social; 2. Buscar eficiencias operativas en los programas existentes; 3. Explorar asociaciones público-privadas para algunos proyectos de infraestructura; 4. Mejorar la recaudación fiscal sin aumentar la carga impositiva general, y : 5. Considerar la reasignación de recursos de áreas menos prioritarias.

En conclusión, la implementación exitosa de estos planes requerirá una gestión financiera cuidadosa y creativa.

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