Zimbabue criminaliza las relaciones sexuales con menores de 18 años

Se señaló como delito grave contagiar a un niño con una enfermedad de transmisión sexual

Zimbabue.- El presidente de Zimbabue, Emmerson Mnangagwa, promulgó una nueva ley que criminaliza las relaciones sexuales con personas menores de 18 años y contempla penas de hasta 10 años de cárcel, anunció el Gobierno.

Mnangagwa firmó la Ley de Protección de Niños y Jóvenes de 2024, publicada en la Gaceta Oficial (Boletín Oficial del Estado) extraordinaria del pasado martes.

El secretario permanente del Ministerio de Información, Publicidad y Servicios de Radiodifusión, Nick Mangwana, confirmó este jueves a EFE la publicación de la nueva ley.

«La enmienda de las leyes penales (Ley de protección de niños y jóvenes de 2024) ha sido aprobada por el presidente», afirmó Mangwana.

«Es un acto criminal tener relaciones sexuales con personas menores de 18 años. No es una defensa aceptable que hayan dado su consentimiento. Es un delito grave contagiar a un niño con una enfermedad de transmisión sexual», subrayó el secretario permanente.

Este proceso empezó en 2020, cuando la joven Diana Eunice Kawenda, casada cuando era adolescente, pidió al Tribunal Constitucional que penalizara que los adultos tengan relaciones sexuales con niños menores de 16 años y contraigan matrimonio con ellos tratándolos como adultos para tener derechos conyugales.

El asunto fue resuelto por el Tribunal Constitucional el 24 de mayo de 2022, al derogar artículos inconstitucionales del Código Penal y darle al Gobierno y al Parlamento doce meses para promulgar una ley que armonizara el Código Penal con la Constitución.

El 12 de enero de 2024, tras protestas públicas, el presidente firmó una ley temporal para restablecer esas protecciones mientras el Parlamento acometía el proceso legislativo.

Estas regulaciones tuvieron una vigencia de seis meses y expiraron el 10 de julio de 2024, por lo que las protecciones desaparecieron.

El 9 de julio de 2024, el Parlamento aprobó el proyecto de ley de modificación de la legislación penal que acaba de promulgar, finalmente, el jefe de Estado.