Se ampara fiscal de Guatemala ante posible destitución

El Tribunal Constitucional concedió la protección a Consuelo Porras, ya que, presuntamente las reformas propuestas por el presidente Bernardo Arévalo buscan su salida

Guatemala.- El Tribunal Constitucional de Guatemala anunció este martes que otorgó un amparo a la fiscal general, Consuelo Porras, ante la reforma propuesta por el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, para destituirla del cargo ante sus continuos intentos para revertir las elecciones presidenciales de 2023 y de entorpecer su toma de posesión.

En este sentido, pidió al gobierno que se «abstenga» de «todo acto que, fuera del marco Constitucional y legal, atente contra el mandato para el cual fue electa la postulante» y eviten acciones «que puedan coartar la autonomía funcional y económica del Ministerio Público».

La corte también instó a realizar «todas las acciones que la Constitución y las leyes les imponen para prestar el auxilio que requiera» la Fiscalía para el ejercicio de sus funciones y «resguardar, en caso de ser necesario, el acceso de los usuarios y del personal a las instalaciones».

Tras esta medida, el secretario general de la Presidencia de Guatemala, Juan Gerardo Guerrero, subrayó que Arévalo actuó dentro del marco legal y agregó que hará «todos los esfuerzos necesarios para depurar al país del flagelo de la corrupción».

«La Corte de Constitucionalidad no señala ningún acto concreto que el presidente, o nosotros como abogados del Estado debamos corregir. Hemos actuado bajo el marco de la Constitución y el principio de legalidad y así lo seguiremos haciendo», manifestó a través de su perfil en la red social X.

El domingo, poco antes de que Arévalo realice un discurso a la nación en el que anunciaba su iniciativa para reformar la ley para que Porras «rinda cuentas y sea removida» para que el organismo «no vuelva a ser utilizado como arma política», la Fiscalía afirmó haber presentado una acción constitucional al entender que estas acciones puedan «desembocar en atentados en contra de la integridad física y la vida» tanto de Porras como de otros funcionarios de la institución.

El Ministerio Público denunció una «amenaza real, cierta e inminente» de que el presidente «continúe en forma arbitraria e ilegal tomando medidas políticas nacionales e internacionales, financieras y presupuestarias, así como promoviendo otras medidas de hecho que inciten a la violencia”. «Estas acciones ilegítimas y arbitrarias denotan una clara intención de alterar la seguridad democrática del país y una grave amenaza para el Estado Constitucional de Derecho», indicó el organismo.