Escrito por el junio 4, 2023

Impulsan en San Lázaro que pensión alimenticia cubra hasta educación superior

El objetivo del proyecto es que los padres o tutores asuman, en el marco de las obligaciones de pensión alimenticia, lo que comprende en la educación a partir de la inicial hasta la superior

Impulsa PAN en San Lázaro pensión alimenticia compensatoria - DDT

Ciudad de México.- Para garantizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes en todo ámbito, la diputada de Morena, Julieta Ramírez Padilla presentó una iniciativa con la que busca que la pensión alimenticia no sólo contemple el apoyo de los tutores durante la educación primaria, sino que ésta sea obligatoria hasta la educación superior.

La legisladora indicó que el objetivo de su proyecto “es que los padres o tutores asuman, en el marco de las obligaciones de pensión alimenticia, lo que comprende la educación partiendo de la inicial hasta la superior”.

Ramírez Padilla recordó que “el actual artículo que rige a la pensión alimenticia y a los alimentos como derecho de un menor de 18 años, en lo que respecta a educación se limita a la educación primaria, cuando es precisamente el artículo tercero de la norma suprema del país, en el que no solamente precisa gratuidad de la educación sino también obligatoriedad desde la inicial, hasta la superior”.

En ese tenor, la diputada de Morena abogó por terminar con las diversas interpretaciones y criterios en los tribunales que han permitido el desamparo de los menores respecto a su formación académica.

Y manifestó que a través de la iniciativa presentada a la Comisión Permanente, que reforma el artículo 308 del Código Civil Penal, se incorpora una perspectiva de derechos humanos a la norma y se actualiza el precepto de gastos de educación.

“Como es evidente, la norma permanece sin actualizarse y de aquí la oportunidad de mejorarla y ponerla al día”, expresó.

Julieta Ramírez señaló que serán las autoridades, especialmente los jueces familiares, los que tendrán la tarea de corregir y reparar cualquier irregularidad que limite o restrinja calidad de vida del menor, teniendo en cuenta que se trata de una obligación compartida, sin distinción de género.

“Existe sin duda la necesidad imperiosa de actualizar esta norma, la que en su simple lectura arroja serias deficiencias y limitantes, mismas que pueden ser resueltas y superadas con perspectiva de derechos humanos”, declaró.

Fuente: El Universal

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