Escrito por el marzo 2, 2023

NCS DIARIO/GENTE

 

 

Imparten la conferencia “Auditoría y Derecho”

El ponente Javier Hernández dijo que el artículo 134 Constitucional es uno de los menos estudiados en el campo del derecho.

JOSIMAR MEX

Los ciudadanos deben exigir a sus autoridades que los recursos públicos se manejen con eficacia, eficiencia y transparencia, expresó el Auditor Superior del Estado, Javier Hernández Hernández, al impartir la conferencia “Auditoría y Derecho” en la sala de actos «Lic. José María Regil Estrada» de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Campeche.

En su intervención dijo que el artículo 134 Constitucional es uno de los menos estudiados en el campo del derecho, que establece las bases de cómo deben manejarse los recursos públicos.

Todo gobierno debe apegarse a dicho artículo, ya que puntualizó que es el que establece los principios básicos de la eficiencia y eficacia en la ejecución de los recursos públicos.

Explicó que el derecho está vinculado al recurso público y su fiscalización, ya que no se puede hablar de estos conceptos, sino es a través del ejercicio de una correcta política de transparencia y rendición de cuentas.

Hernández Hernández comentó que el proceso de fiscalización es la facultad de los operadores jurídicos para revisar y auditar el uso del erario.

Para el auditor el gran problema de México y todo el mundo es la corrupción que prevalece entre las sociedades modernas y se agrava cuando existe la desigualdad social.

Recordó que en el país los niveles de pobreza y desconfianza hacia las instituciones son muy altos, lo que trae como consecuencia que los porcentajes de percepción en materia de corrupción se incrementen.

México ocupa el lugar número 126 de 189 países en cuanto a los porcentajes de corrupción.

Aseguró que el ordenamiento jurídico es la herramienta que facilita la rendición de cuentas, un proceso en el que participan la ciudadanía y el Estado.

Destacó que Campeche tiene un andamiaje jurídico sólido; sin embargo uno de los problemas con los que se encontró al tomar las riendas de la Auditoría Superior del Estado es que los expedientes estaban en físico, no digitalizados.

Lo anterior representa un alto precio, pues a nivel federal existen estudios que señalan que el costo para resolver un procedimiento administrativo sancionador es de aproximadamente dos millones de pesos. Para abaratar estos costos se requiere del uso de las nuevas tecnologías de la información.


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