Escrito por el octubre 11, 2022

NCS DIARIO/INTERNACIONAL

Fiscalía de Perú denuncia al presidente Pedro Castillo por presunta organización criminal

Catean oficinas y viviendas de seis legisladores, así como a la casa de una hermana del mandatario Pedro Castillo, y detuvo a cinco funcionarios en medio de una investigación por presunta criminalidad organizada y corrupción

El presidente actualmente tiene abiertas en su contra seis investigaciones preliminares por supuestamente encabezar una presunta organización criminal que opera para otorgar fraudulentas licitaciones de obras públicas.

Lima. La Fiscal de la Nación de Perú, Patricia Benavides, presentó este martes una denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo por los presuntos delitos de organización criminal en un documento entregado al Congreso, anunció el Ministerio Público.

«Formulo denuncia constitucional contra José Pedro Castillo Terrones, en su condición de presidente de la República, como presunto autor de los delitos contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal agravada por su condición de líder», señala la fiscal de la nación, Patricia Benavides, en un documento difundido en la cuenta Twitter de la institución.

El documento deberá ahora ser evaluado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso que, de determinar su procedencia, pasará a la Comisión Permanente hasta llegar al pleno.

Según el documento remitido al Legislativo, la fiscal general formula la denuncia constitucional contra el mandatario como presunto autor de los delitos contra la tranquilidad pública, en la modalidad de organización criminal agravada por su condición de líder.

También por delitos contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias agravado y como presunto cómplice del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión (fraude).

La noticia sobre la denuncia contra Castillo se conoció el mismo día en el que la Fiscalía, con el apoyo de un grupo especial de la Policía, allanó las oficinas y residencias de seis congresistas del partido centrista Acción Popular (AP), así como la vivienda de una hermana del presidente.

Entran a oficinas de legisladores por caso corrupción

La Fiscalía peruana ingresó el martes a las oficinas y viviendas de seis legisladores, así como a la casa de una hermana del presidente Pedro Castillo, y detuvo a cinco funcionarios cercanos al mandatario en medio de una investigación por presunta criminalidad organizada y corrupción.

Los fiscales indagan si los legisladores opositores, del partido Acción Popular, obtuvieron beneficios a cambio de apoyar al gobierno. En un operativo, miembros de la Fiscalía y policía detuvieron en sus domicilios a otros cinco ex asesores del mandatario implicados en la investigación.

El presidente indicó en Twitter que la fiscalía había ingresado a la casa de una de sus hermanas en un barrio popular de Lima, donde se encontraba su madre. “Responsabilizo a la Fiscalía de la Nación por la salud de mi señora madre”, dijo Castillo, quien calificó el acto como “abusivo”.

El mandatario acumula seis investigaciones preliminares de la fiscalía. Cinco son por presuntos delitos de corrupción y por presuntamente ser el líder de una organización criminal que integrarían familiares y funcionarios. Tiene otra indagación más por supuesto plagio de su tesis de maestría.

Castillo niega todas las acusaciones, pero cuando asiste a los interrogatorios fiscales se acoge a su derecho al silencio, pide que se agoten los actos de investigación, que se recabe todos los elementos de prueba para que con toda la información vuelva a declarar.

El presidente no puede ser acusado ante un juez porque la Constitución peruana dice que eso sólo ocurre en caso de traición a la patria, disolución del parlamento por casos diferentes a los permitidos o no convocar a elecciones. Si se acumulan argumentos, la fiscal general debe esperar hasta que Castillo culmine su gestión para que el Congreso permita que sea juzgado.

El gobierno de Castillo empezó en 2021 y está previsto que termine el 28 de julio de 2026.

Fuente: AP

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