Escrito por el septiembre 26, 2022

De contradicciones y dudas sobre el militarismo


Me parece que el asunto está lleno de contradicciones. Y, por eso, es difícil creer que Alejandro Moreno Cárdenas negoció el alto al ataque mediático y al acoso judicial del que era objeto entregando, solamente, la ampliación del tiempo en que los militares andarán en las calles atendiendo tareas de seguridad pública. Dicen que Alito ofreció algo de mayor interés, e importancia, para Palacio Nacional: la ruptura de la alianza Va por México y, acaso, acompañar a Morena, si no en todos, sí en algunos aspectos de la reforma electoral y en el nombramiento de nuevos consejeros del INE. De ahí su discurso retador y hasta agresivo en contra de los aliados que, días antes, a pesar del oneroso costo político, lo habían arropado ante la andanada de audios y las acusaciones del Fiscal Renato Sales.

La continuidad del Ejército y de la Marina en funciones de policía evidencia que la política de seguridad pública nomás no da los resultados deseados: los indicadores de violencia se mantienen bestialmente altos (este sexenio ya supera las cifras de muertes violentas de Calderón y Peña) y los grupos delincuenciales, organizados o no, como que han agarrado confianza y se exhiben cada vez con más desparpajo e impunidad. Que los militares sigan en las calles, sin modificaciones en la estrategia, sólo presagia que los resultados seguirán iguales y, en el 2024 o el 2028, los índices delictivos y las bandas que los provocan permanecerán, si es que no se incrementan.

En lo que va de la cuarta transformación no se ha hecho nada para revertir la militarización de la seguridad pública, que viene desde hace más de una década: la Guardia Nacional, hoy de “civil” no tiene nada, formalmente, depende de la Secretaría de la Defensa Nacional y está integrada, mayoritariamente, por soldados y marinos. Tampoco se implementó un programa para habilitar y fortalecer las policías estatales y municipales. Al contrario, se cancelaron programas federales que destinaban recursos para mejorar las instancias locales de seguridad. No se advierte, así, cómo se logrará algún día la desmilitarización si la Guardia Nacional es, en los hechos, un ala de la SEDENA y nadie se ocupa de la formación de fuerzas policiales para los estados y municipios.

Agrego a lo anterior la vocación militarista del presidente quien, después de renegar por años del papel de las fuerzas armadas en las tareas de combate a la delincuencia organizada y contra las bandas del narcotráfico, un día cambió de opinión y descubrió que las fuerzas castrenses son el mejor instrumento para materializar la cuarta transformación. Sin duda, el estilo de ejercer la autoridad del presidente se acomoda muy bien a la disciplina castrense; digamos que es lo más cercano a la “obediencia ciega” que exige a sus colaboradores.

Empero, me quedan dudas sobre las verdaderas razones que motivan la intención de mantener en la calle a soldados y marinos hasta avanzado el siguiente sexenio. Sobre todo, si la indicación sigue siendo no enfrentar a las bandas de criminales y evitar el uso de su armamento, incluso en situaciones límites. De este modo, hay cada vez más regiones en las que ni siquiera como fuerzas disuasivas funcionan los militares, los cuales a cada rato son exhibidos recibiendo vejaciones o escapando del acoso de civiles. El supuesto uso electoral del prestigio de los militares tampoco me convence: no sé cómo pueda alentar el voto a favor de Morena. Los mexicanos saben, eso creo, que las instituciones militares están más allá de los partidos y de las filiaciones políticas de los gobiernos.

La madre de las contradicciones y de las dudas es, entonces, para qué quieren a los militares afuera de los cuarteles si no los van a dejar cumplir las tareas que la ley les asigna en materia de seguridad pública. Que marinos y soldados se ocupen en la construcción de infraestructura y en la gestión administrativa de diversas áreas del gobierno federal, creo que es comprensible si aceptamos que tenemos un presidente que describe a la administración pública como un “elefante reumático” y confía más en el voluntarismo que en la profesionalización.

Así, AMLO ha hecho de los militares un instrumento de gobierno a quienes ha encargado los trabajos que, a su juicio, no puede efectuar con efectividad la burocracia. La otra función que se deriva de las declaraciones presidenciales es hacer de los militares los garantes de sus obras del gobierno, esas que esculpirán su nombre en la piedra de la historia.

En fin, de cara a las elecciones presidenciales del 2024 no deja de ser inquietante este afán militarista. No quiero ser catastrofista, ni asustarme con mis propias elucubraciones. Pero, cuando no se respeta la Constitución y el Poder Judicial se hace el desentendido ante la ilegalidad; cuando se recurre a la transgresión legal para cumplir objetivos de gobierno y los legisladores aprueban leyes inconstitucionales; cuando se gobierna sin contrapesos, ¿para qué quiere más poder el poder? En todo caso, los estudiosos coinciden en que la militarización contribuye al deterioro de la democracia y, en nuestro país, hay voces que alertan sobre la imposición de un modelo autoritario que, si no se detiene, puede conducirnos a la peor etapa en la historia posrevolucionaria.

De vuelta al inicio, se advierte que ni el PAN, ni el PRD, ni MOCI, formalizarán una alianza con el PRI que encabece Alito. Moreno Cárdenas ha intentado justificar su actuación y la de sus diputados, pero sus argumentos son tan endebles y demagógicos que no convencen ni a los correligionarios. Pragmático, como dicen que es, si en efecto salvó el purgatorio del descrédito y el infierno judicial, se concentrará en conservar el PRI que le es leal, buscará prolongar su dirigencia hasta el 2024 y, en una de esas, asumirá la candidatura presidencial priista. Y es que, parafraseando a Benito Nacif, sus días como interlocutor creíble con el gobierno y la oposición han terminado. Veremos, entonces, qué tan efectiva le resulta la trinchera del PRI.


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