Escrito por el septiembre 5, 2022

NCS DIARIO/INTERNACIONAL

Frena jueza investigación de documentos incautados a Trump

En un revés al Gobierno, una jueza aceptó la petición de Trump de que un experto independiente revise los papeles que le fueron incautados

Esta imagen contenida en un reporte presentado el 30 de agosto de 2022 ante la corte por el Departamento de Justicia, y editado en parte por el FBI, se ven documentos confiscados durante el registro del 8 de agosto realizado por el FBI en la propiedad del expresidente Donald Trump en Mar-a-Lago, Florida.

WASHINGTON. Una jueza federal ha aceptado este lunes la petición del expresidente Donald Trump de que un perito independiente revise los documentos, fotografías y demás artículos incautados por el FBI en el registro de Mar-a-Lago, su mansión en Palm Beach (Florida), el pasado 8 de agosto. Al tiempo, la jueza Aileen Cannon, que fue nombrada por Trump para el puesto que ocupa en el juzgado federal del Sur de Florida, prohíbe al Gobierno seguir usando esos documentos en su investigación hasta que el perito independiente los haya revisado.

La principal consecuencia es que la investigación se frena por la decisión judicial. Los investigadores pueden seguir sus pesquisas en otros frentes, pero no con el material incautado. En todo caso, el Departamento de Justicia procura no dar pasos decisivos ni hacer anuncios relevantes en casos con alta carga política en vísperas electorales y faltan poco más de dos meses para las elecciones legislativas, lo que también contribuirá a que no haya muchas novedades con el caso en las próximas semanas, previsiblemente.

En la decisión de 24 páginas que ha publicado hoy la jueza Cannon, indica que “se designará a un perito especial para que revise los bienes incautados, gestione las alegaciones de privilegio [ejecutivo o abogado-cliente] y haga recomendaciones al respecto y evalúe las reclamaciones de devolución de los bienes”.

La jueza estadounidense Aileen Cannon ordenó designar un experto independiente para analizar los documentos incautados en agosto por el FBI en la casa del ex Presidente Donald Trump, según un documento judicial difundido este lunes, en una medida que podría retrasar potencialmente la investigación criminal en curso del Departamento de Justicia.

La jueza, además, “prohíbe temporalmente al gobierno revisar y utilizar los materiales incautados con fines de investigación hasta que se complete la revisión del maestro especial o se emita una nueva orden judicial”. El Gobierno puede continuar revisando y utilizando los documentos para fines de clasificación de inteligencia y evaluaciones de seguridad nacional, pero no para la investigación como tal.

Los detalles exactos y la mecánica del proceso de revisión serán decididos por Cannon tras recibir las propuestas de las partes al respecto. De momento, ha pedido tanto a los abogados de Trump como al Departamento de Justicia que presenten una lista de potenciales candidatos a actuar como perito.

Los abogados de Trump habían pedido esa revisión, entre otras cosas, por si había documentos que podían comprometer el privilegio de la relación abogado-cliente, es decir, el secreto profesional en relación con la relación entre dichas partes. El Departamento de Justicia replicó que había creado un equipo de filtrado diferente del de investigación para identificar esos posibles documentos y que ya había separado 520 páginas de documentos potencialmente afectadas por ese privilegio, asó que alegaba que no era necesaria otra revisión.

Cannon no solo pone en duda el procedimiento de filtrado empleado, sino que además afirma que incluso cuando aprueban la prueba del procedimiento, no siempre son percibidos como tan imparciales como los peritos independientes. “Un compromiso con la apariencia de equidad es fundamental, ahora más que nunca”, afirma en su escrito.

El otro privilegio que alegaban los abogados de Trump es el privilegio ejecutivo, por el que un presidente o miembros del Gobierno pueden oponerse a la entrega de cierta información. Normalmente, se usa para negar la entrega de documentos al poder judicial o al legislativo y el Departamento de Estado alegaba que no se podía invocar contra el propio Gobierno.

Fuente: AP/El País

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