Escrito por el agosto 27, 2022


LA VISITA DE CLAUDIA
SCHEINBAUM PARDO

Todo un acontecimiento político de alto nivel fue la visita de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a la ciudad capital hace exactamente una semana, para dictar lo que ahora pomposamente se llaman “conferencias magistrales”, aunque en este caso se haya reducido a exponer lo que ella considera son sus logros al frente de la ciudad más grande e importante de nuestro país, asiento de los poderes federales y que todavía es la que mayor movimiento comercial y turístico tiene.

Los detalles de los aciertos que Claudia ha obtenido en su desempeño como Jefa de Gobierno fueron ampliamente informados en los noticiarios de Núcleo Comunicación del Sureste, así como en la amplia e interesante entrevista exclusiva que le concedió a nuestro compañero Roberto Oropeza, por lo que lo que nos interesa es analizar el aspecto político de su visita.

Indudablemente que Claudia es la “corcholata” más adelantada de los tres precandidatos que el presidente López Obrador está impulsando para seleccionar entre ellos a quien será el abanderado de MORENA a sucederlo en la Presidencia de la República, pero también es cierto que no es muy conocida fuera de la capital de la república, donde por cierto las cosas no pintan muy bien para MORENA, pues todas las encuestas coinciden en que una alianza entre PRI, PAN, PRD y MOCI tiene posibilidad de derrotar a la que conformarán MORENA, PVEM y PT en la disputa por la elección del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

Por lo tanto, Claudia se está “placeando” por todo el país para que, en primer lugar, la conozca la militancia morenista y luego la ciudadanía en general, para poder tener el suficiente respaldo popular rumbo a la elección del 2024.

Quien piense que la inmensa mayoría de los asistentes al Centro de Convenciones Campeche XXI acudieron para escuchar una “conferencia magistral”, especialmente los que habitan en las colonias populares, sería un ingenuo, así como quienes piensen que la organización del evento corrió a cargo del Colegio de Notarios de Campeche, cuando fue notorio que el evento lo manejó en su totalidad, al más puro estilo neoliberal, el gobierno estatal y contó con  el apoyo de la estructura de MORENA.

La gran ganadora de esta visita fue la gobernadora Layda Elena Sansores San Román, que tuvo reflectores en los medios de comunicación de la capital del país y recibió toda clase de elogios y loas de parte de Claudia, por lo que si al final de cuentas ella es la abanderada del partido guinda para la próxima elección presidencial, indudablemente que la gobernadora campechana será una pieza fundamental e indispensable en el equipo de trabajo de la mandataria capitalina.

Por cierto que varios compañeros que cubrieron el evento comentaron que en esta ocasión no hubo austeridad republicana ni pobreza franciscana en lo que se refiere a alimentos y bebidas, porque hubo excelente atención, tanto para los asistentes al evento, como para toda la fauna de acompañamiento que como en los mejores tiempos de las pasadas administraciones estatales, se apuntaron para la comida en conocido restaurante del malecón citadino.

 

ABUSADILLA DESDE CHIQUILLA
ANIELKA GARCIA VILLAJUANA

 A través de las redes sociales y con el título “Atrapada en la soberbia de las amistades”, circula un texto que por su interés para la sociedad vale la pena reproducir y que textualmente dice lo siguiente:

Anielka García Villajuana permanece en la dirección del Patronato de la Ciudad al calor de sus amistades que forman parte del primer círculo familiar de la gobernadora LESS.

Desde hace 20 años arrienda el segundo piso de lo que fue parte de un reconocido negocio familiar que convirtió en hotel y boutique que hoy lleva el nombre de “Casa Balché”.

Sin embargo, la inquilina quien se promueve como aspirante a diputada local y/o rectora del IC no puede hacer a un lado su fama de sinvergüenza al negarse a pagar 220 mil pesos de un año de renta.

Pese a que su contrato se venció desde 2018 sigue haciendo del inmueble uso ilegal y no conforme con ello sub-arrienda el techo del edificio para fiestas y banquetes de la élite social ilegalmente.

Sin consentimiento del INAH llevó a cabo arreglos en el interior de esta planta y hasta se atrevió a cambiar los pisos originales pese a que es un edificio considerado patrimonio cultural.

La amistad que goza con los sobrinos de la gobernadora la han convertido en una mujer soberbia al negarse a pagar su adeudo y desalojar el vetusto lugar que al igual que el que se ubica a un costado corre el riesgo de desplomarse por la falta de mantenimiento.

La familia afectada se siente indefensa frente a la autoridad encargada de impartir justicia porque Anielka García les ha advertido que no se va a salir porque cuenta con el respaldo total de la gobernadora y de sus sobrinos y todavía más, amenaza con tomar en propiedad el local cuando sus amistades la hagan diputada.

Y mientras esto sucede, una familia honorable que creyó en las mentiras de esta chaira, sigue esperando por lo menos el pago de la renta del inmueble y que la señora impunemente se niega a pagar.

Hasta aquí el comunicado que circula profusamente en las redes sociales.

Y es que Anielka ha brincado con muy buena fortuna de sexenio en sexenio desde el gobierno de Jorge Salomón Azar García. Le fue muy bien en esta administración donde se desempeñó en una posición muy cercana al propio gobernador y formó parte de su staff.

Dio el salto al gobierno de Antonio González Curi y en las administraciones de Jorge Carlos Hurtado Valdez y Fernando Ortega Bernés consolidó su posición cuando le entregaron la titularidad del Patronato de la Ciudad, que maneja y administra los tranvías, en la más absoluta obscuridad, pues no rinde cuentas a nadie de los ingresos que generan y que sobre todo en las épocas vacacionales son explotados mañana, tarde y noche.

No se sabe que el Patronato aporte algún recurso para el mantenimiento de las fachadas o la rehabilitación de los sitios históricos y ahora se conoce que también incursiona como hotelera y promotora de eventos gastronómicos en el techo del legendario local comercial de la familia Ham Gunam, el Puerto de Cantón.

Y nos preguntamos si Layda está enterada del uso irresponsable que Anielka le está dando a su nombre y a la presunta relación que tiene con su familia, así como sus sueños guajiros de ser rectora del Benemérito Instituto Campechano o diputada local.

Por cierto, que el sexenio que más apoyó con tranvías al Patronato de la Ciudad fue el de Alejandro Moreno Cárdenas/Carlos Miguel Aysa González.

 

LA CORTE Y LA PRISIÓN
PREVENTIVA OFICIOSA

La Suprema Corte de Justicia discutirá en breve un proyecto que rechaza la prisión preventiva oficiosa, y de ser aprobado con ocho votos, impedirá que esa medida se siga aplicando a los acusados por delitos en todo el País.

El Ministro Luis María Aguilar repartió a sus colegas el proyecto que establece la inaplicación del artículo 19 de la Constitución, en el párrafo que prevé la prisión preventiva forzosa para una lista de 16 delitos, que se ha ido incrementando mediante varias reformas impulsadas por el actual Gobierno.

Como consecuencia de esta inaplicación, el proyecto propone anular el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que prevé un catálogo de 45 modalidades de diversos delitos que también ameritan prisión forzosa.

La Corte nunca ha ordenado inaplicar una norma de la Constitución, pero en este caso, Aguilar lo considera posible, porque la prisión preventiva oficiosa viola derechos humanos previstos en tratados internacionales, y ha sido motivo de condena contra México por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

De darse los ocho votos, la Corte dejaría a los jueces penales en libertad de decidir, caso por caso, a quién se debe sujetar a prisión preventiva mientras se le juzga, sin importar el delito.

En otras palabras, ya solo existiría la prisión preventiva justificada, en la cual la fiscalía tiene que dar razones y pruebas para mantener al acusado en prisión, en vez de aplicar una medida cautelar menos rigurosa.

«Configurar a la prisión preventiva como la regla para la consecución del proceso penal le adjudica al proceso penal mexicano un carácter autoritario y arbitrario que atenta contra la propia funcionalidad del sistema», explica el proyecto, que sostiene que no se trata de una medida cautelar, sino de una pena anticipada.

«No considera la posibilidad del dictado de una sentencia absolutoria, no mira el resto de opciones disponibles para cumplir con los fines de la medida cautelar y, no considera los efectos nocivos que tiene la aplicación inmediata de la privación de la libertad. Es una visión parcial, incapaz de mirar al sistema penal de forma integral, anclada a una inercia sobre la operación y funcionamiento de los órganos de procuración e impartición de justicia, que ha quedado superada por la reforma constitucional en materia de derechos humanos y la transformación del sistema de justicia penal», agrega.

El 17 de agosto, en su conferencia mensual, el presidente Arturo Zaldívar crítico acérrimo de la prisión preventiva, adelantó que la Corte estaba por discutir este asunto, que afirmó, podría cambiar la vida de miles de personas y desterrar el paradigma sobre el cual se ha construido la persecución de delitos en el país desde hace décadas.

Aguilar destaca en el proyecto que de 92 mil 595 de las 226 mil 916 personas que estaban en prisión en junio pasado, el 40.8 por ciento, no han sido sentenciadas, así como el incremento de presos a partir de 2019, cuando empezó a crecer el catálogo de delitos de prisión forzosa.

Con ello, el país ha regresado al esquema de delitos graves que funcionaba en la década de los 90, pese a que en 2008 se instauró un sistema penal acusatorio que, en teoría, privilegia la presunción de inocencia y medidas alternativas a la prisión preventiva.

«La cifra de personas en prisión preventiva es alarmante, y esta situación se agrava en los casos de grupos vulnerables, pues la prisión preventiva es una doble o, incluso, triple condena: se sanciona con una pena anticipada de prisión y, además, es una condena de estigmatización familiar y social que hace mucho daño a las personas», afirma el proyecto.

«Más grave aún, la prisión preventiva golpea en forma más dura a las personas en situación de pobreza extrema que no pueden acceder a una defensa adecuada y, por estar privadas de la libertad, condenan a la precariedad y a permanecer en pobreza a sus familias», agrega.

Otro punto es que la amenaza de prisión forzosa es un incentivo para que los acusados se fuguen, no comparezcan al proceso y, de ser encarcelados, no tengan recursos para reparar el daño a las víctimas.

El proyecto también propone invalidar la reforma de noviembre de 2019 que estableció prisión preventiva forzosa para los delitos de emisión de facturas por servicios inexistentes, así como fraude fiscal y contrabando, por montos superiores a 8.7 millones de pesos.

Para justificar la gravedad de estos delitos, el Congreso los caracterizó como «amenaza a la seguridad nacional» y los incluyó en el régimen de la delincuencia organizada, lo que el proyecto rechaza.

Un escenario posible es que la Corte sí tenga los votos para invalidar la reforma sobre delitos fiscales, pero no para inaplicar el artículo 19 de la Constitución.

En octubre de 2021, cuando discutió por primera vez este caso, la Corte tuvo ocho votos por la invalidez en cuanto al fraude fiscal y desechó un proyecto del Ministro Fernando Franco, ya retirado, que avalaba la reforma. Las dos ministras que apoyaron ese proyecto siguen en el tribunal.

Delitos de prisión preventiva forzosa

Quince conductas relacionadas con robo de hidrocarburos

Cinco modalidades de posesión, portación o acopio de armas prohibidas

Siete acciones en materia de desaparición forzada

Cuatro delitos electorales relacionados con uso de recursos y programas públicos

Cinco modalidades de delitos contra la salud

Delincuencia organizada (régimen legal que incluye 26 delitos distintos)

Delitos cometidos por medios violentos

Secuestro

Trata de personas

Homicidio doloso

Feminicidio

Robo a casa habitación

Abuso sexual a menores

Ejercicio abusivo de funciones de servidores públicos

Robo a transporte de carga

Enriquecimiento ilícito

Fraude fiscal por más de 8.7 millones de pesos

Contrabando por más de 8.7 millones de pesos

Factureo

Personas recluidas en prisión

Junio 2018: 197 mil 988

Junio 2022: 226 mil 916 (14.6% más)

La discusión tendrá lugar el próximo 5 de septiembre, luego de la lectura del mensaje presidencial con motivo del Cuarto Informe de Gobierno de López Obrador, según acordó el pleno de la Suprema Corte e informó el presidente Arturo Zaldívar.

El tema ha dividido opiniones, ya que algunos expertos consideran que la eliminación de esta medida cautelar beneficiará al sistema de justicia de nuestro país y a miles de personas que se encuentran privadas de la libertad sin haber sido enjuiciadas o sin recibir sentencia.

Sin embargo hay quienes opinan lo contrario, como el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, pues señala que la aprobación de la eliminación de la prisión preventiva oficiosa podría fomentar la impunidad y la corrupción. Lo acompaña en esta opinión una de sus “corcholatas”, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.

La verdad es que el actual Gobierno Federal ha abusado de la prisión preventiva oficiosa, como lo demuestra el reciente caso de Rosario Robles Berlanga, que se chutó tres años en el frescobote sin que hubiera necesidad de ello, puesto que el delito por el que se le acusa no ameritaba que estuviera encerrada y se considera que más que justicia, está siendo utilizada como arma política. O sea, se aplica la máxima que algunos le adjudican a Juárez y otros a Díaz: para los amigos, justicia y gracia. Para los enemigos, justicia a secas.

 

RENATO: DE PERSEGUIDOR
A FISCAL PERSEGUIDO

Pues Renato Sales Heredia continuó ocupando las primeras páginas de los periódicos de circulación nacional y amplios espacios en los noticiarios de televisión y de radio de la capital del país. Solo que en esta ocasión no fue por la denuncia o demanda que presentó en la Cámara de Diputados para solicitar el desafuero de Alito Moreno, sino porque en esta ocasión a quien trataron de sentar en el banquillo de los acusados fue a él por la Comisión de Vligilancia de la Cámara de Diputados que encabeza otro paisano, Pablo Angulo Briceño, la que lo citó a comparecer ante la misma.

Con los votos de los diputados del PAN, PRI, PRD y MC, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación acordó la semana pasada citar a Sales Heredia para que explique el presunto robo de un equipo de espionaje con valor de 807 millones de pesos durante su gestión como titular de la Comisión Nacional de Seguridad en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Pero Renato no se presentó a comparecer y para justificar su inasistencia remitió un documento a la Cámara de Diputados y a través de redes sociales señaló: “Comparezco por escrito y expongo ante la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación”.

El presidente de la Comisión, Pablo Angulo Briceño, advirtió que el escrito de Sales carece de valor y anticipó que de manera inmediata se dará vista a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) para denunciar el desacato del fiscal campechano y pedir sea sancionado con medidas que van desde acciones administrativas, la inhabilitación o castigos penales.

Por lo que pueda suceder, Renato tramitó un amparo ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, la cual fijó el día 18 de octubre del 2022 a las 9.53 horas para la audiencia constitucional.

Por otra parte, cuatro diputados de MORENA, integrantes también de la Comisión de Vigilancia, presentaron una “solicitud de abstención”  de la comparecencia de Renato ante el Dip. Sergio Carlos Gutiérrez Luna, presidente de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos de la H. Cámara de Diputados, sin que hasta el momento se conozca que ocurrió con dicha solicitud.

Así pues, ahora Renato no solo tiene que estar pendiente del curso que tome su demanda de desafuero de Moreno Cárdenas, sino que necesita preparar su defensa, por si las dudas el asunto se complica y se sale de control.

 

TRIBUNAL ELECTORAL DE LA
FEDERACION APOYA A ALITO

Pues con la novedad de que la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación (TEPJF) confirmó el desechamiento de una queja presentada por MORENA contra el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, por audios que difundió la gobernadora de Campeche, Layda Sansores.

Los morenistas pretendían que el Instituto Nacional Electoral (INE) sancionara a Moreno Cárdenas por el contenido de un audio en el que, según la denuncia, se acreditó la intención de obtener beneficios personales de los próximos procesos electorales.

La Unidad Técnica del INE desechó la queja de MORENA al considerar que el audio presentado como prueba única fue obtenido de manera ilícita.

El partido guinda pidió revisar la decisión del Instituto y dicho recurso fue analizado por las y los magistrados de la Sala Superior del Tribunal, los que por unanimidad confirmaron la determinación del INE, al considerar que los agravios expuestos por MORENA resultan infundados e inoperantes.

Magistradas y magistrados dijeron que, contrario a lo dicho por el partido, el órgano electoral no hizo un ejercicio interpretativo de la ley y solo se limitó a aplicarla para verificar si el escrito de denuncia reunía o no los requisitos mínimos para admitirla a trámite.

Además, agregaron, la Unidad Técnica del INE si cuenta con facultades para hacer el análisis preliminar de las quejas que le son presentadas para determinar si reúnen o no con los requisitos legales.

También desestimaron la queja de Morena en el sentido de que el audio, única prueba presentada ante el INE, generaba indicios suficientes para que la responsable desplegara sus facultades de investigación.

Finalmente calificaron como inoperantes los argumentos de MORENA en los que adujo que los hechos denunciados podrían configurar otros ilícitos electorales.

En síntesis, si bien la imagen de Alejandro ha resultado super dañada con la exposición de los audios, desde el punto de vista legal no va a suceder nada, porque fueron obtenidos de manera ilícita y no pueden ser presentados como pruebas en ningún proceso legal. Ya lo político es otro asunto.


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