Fonatur da luz verde a tramos 6 y 7 del Tren Maya

Pese a tener sólo autorizaciones provisionales de Semarnat, vocero de la institución considera que es posible comenzar la construcción de las siguientes fases del proyecto

Aunque el proyecto apenas es analizado y no cuenta con autorizaciones de impacto ambiental, sólo con permisos provisionales que emanan de un acuerdo presidencial, la obra del Tren Maya sigue, como muestra la foto. Foto: CUARTOSCURO

Cancún, QRoo. El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) consideró que está en posibilidad de comenzar próximamente los trabajos para la construcción de los tramos 6 y 7 del Tren Maya, que correrán por los municipios de Tulum, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar y Othón P. Blanco, en Quintana Roo, hasta conectar con Escárcega, Campeche.

El vocero de la institución, Fernando Vázquez Rosas, declaró en Cancún que las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) se ingresaron para la evaluación del proyecto el pasado 4 de agosto y se tiene la autorización provisional que emitió la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Esto significa que el proyecto apenas es analizado y no cuenta con autorizaciones de impacto ambiental, pero sí con permisos provisionales que emanan del controvertido acuerdo presidencial publicado el 22 de noviembre de 2021, que catalogó diversos planes federales como de “interés público” y “seguridad nacional”.

En los tramos 6 y 7 no han iniciado las obras, están por iniciarse, está en proceso la Manifestación.

“La obra es legal absolutamente. Inició con autorizaciones provisionales a partir de un acuerdo emitido por el presidente [Andrés Manuel López Obrador] que la Suprema Corte de Justicia de la Nación [SCJN] consideró constitucional”, expresó.

En efecto, el Máximo Tribunal del país se pronunció, pero sólo sobre la constitucionalidad de uno de los dos aspectos que conforman el acuerdo mencionado, relativo al componente de seguridad nacional.

Sin embargo, la Corte sigue sin pronunciarse sobre la declaratoria de “interés público”, elemento que también ha sido impugnado judicialmente y de donde emanan las autorizaciones provisionales que permiten —indebidamente— que se inicien obras en tanto se obtienen las autorizaciones definitivas.

Estas autorizaciones provisionales contravienen la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que obliga a particulares y entes públicos a obtener una autorización de impacto ambiental antes de realizar cualquier obra o actividad para determinados proyectos con base en el Principio Precautorio.